Todas las dictaduras se proponen, desde el principio, acabar con la libre expresión que puede ser un riesgo para sus ambiciones y por ello imponen como norma que la prensa y la ciudadanía deben permanecer ciegas, sordas y mudas porque si informan o reflexionan sobre el curso de los acontecimientos tendrán que destapar la pestilente olla. No es casual que en casos como Cuba, Chile, Venezuela o Nicaragua, para no citar los de Guatemala, El Salvador y Honduras de mediados del siglo pasado, uno de los objetivos principales haya sido acabar con la libre expresión.
Y como estamos viviendo bajo la Dictadura de la Corrupción, que a mi juicio es peor que todas las arriba mencionadas, es natural que se produzcan ataques como el que se consagró ayer con el inicio de investigaciones contra periodistas que opinaron, desde su punto de vista, respecto al proceso penal contra José Rubén Zamora. Así como hay gente que piensa que Zamora hizo mal al hacer tratos con alguien como Navarijo, quien es su principal acusador, otros creen que el montaje lo hizo el Ministerio Público para acallar al medio que él fundó. Yo sostengo que cualquiera tiene derecho a tener su punto de vista y expresarlo como le parezca, con los argumentos que quiera usar, porque eso, cabalmente, es lo que garantiza los pesos y contrapesos en cualquier sociedad democrática.
En tiempos en los que aún había resabios de democracia, vimos cómo multitud de personas arremetían contra jueces y fiscales que habían investigado la corrupción realizada por funcionarios de gobierno tras investigaciones inéditas en la historia del país. Contra esos operadores de justicia se dijo cualquier cosa y nadie se atrevió a decir que esos ataques eran parte de una conspiración para obstruir la justicia, por mucho que fuera evidente que lo que se pretendía era impedir el castigo de los procesados, desprestigiando a sus jueces y acusadores en tonos que alguien podría decir que los ponían en riesgo de muerte.
No nos llamemos más a engaño. La situación ha llegado a extremos no porque estén desesperados, sino porque se sienten empoderados por la indiferencia de tanta gente a la cual le vale madre lo que pueda estar pasando con otros porque piensan que la destrucción de la justicia no tiene que ver con ellos. Están totalmente equivocados porque tarde o temprano nos podemos ver expuestos legalmente y, entonces, no habrá a quién recurrir porque ni los amparos funcionan cuando la justicia se encuentra tan controlada por las mafias.
La soberbia de un poder absoluto, que no es únicamente sobre la Presidencia sino que se extiende a todas las instituciones públicas, incluyendo desde luego y primordialmente la investigación penal y la justicia, se manifiesta en lo que podría parecer un exabrupto, como el de la fiscal y el juez ayer, al lograr que se investigue a periodistas y que se averigüe sobre el origen de los fondos que permiten funcionar a la prensa independiente, información que la misma Superintendencia de Administración Tributaria podría proporcionar sin problemas.
Los optimistas dirán que ya topamos fondo y no podemos ir más abajo. Los realistas sabemos que estamos apenas en los albores de un proyecto que tendrá su siguiente paso con unas elecciones que desde ya se ven peores que las del 74, 78 y 82.
