Nadie puede cuestionar la enorme importancia que tiene la planificación en cualquier país del mundo porque es la clave para lograr procesos ordenados que apunten al fin supremo del Estado, que es la promoción del bien común. La falta de un adecuado concepto de planificación provoca lo que vemos en las áreas urbanas de Guatemala en las que la ausencia de ese importante marco ha provocado serios problemas como el caos vial, la deficiencia en el manejo de los desechos y el desabastecimiento de agua, por ejemplo.
Sin embargo, la idea de un superministerio de planificación, creado en esta etapa crucial de la captura institucional, para ponerlo al servicio de la corrupción, genera lógicas reacciones de oposición porque ni en el Congreso ni en el Ejecutivo hay muestras de un verdadero interés por crear estructuras orientadas a ese fin supremo. Lo que vemos es un desmedido interés por acumular más poder y facilidades para orquestarlo todo alrededor de la esencia del sistema, es decir, la corrupción que corroe a todas las instituciones y que impulsa a pensar en generar nuevas para hacer más fácil el negocio.
La forma en que está redactada la propuesta de ese ministerio apunta a una institución que estaría sobre el resto de ministerios, los cuales quedarían obligados a seguir las directrices que salgan del nuevo despacho y más pareciera un esfuerzo de planificación centralizada que una idea para estructurar de mejor forma las funciones del Estado. La Constitución establece cómo debe funcionar el Organismo Ejecutivo y determina la manera de coordinar los esfuerzos, pero no asigna a ninguno de los ministerios esa tarea.
Yo, personalmente, creo mucho en la planificación como una necesidad técnica para implementar políticas de corto, mediano y largo plazo desde las diversas entidades del Estado, pero no creo que sean este gobierno y este Congreso los llamados a conformar un superministerio al que quedarían supeditados todos los otros, porque si algo no existe actualmente es una verdadera visión de Estado. Ante las evidencias es válido sospechar que hay gato encerrado en la iniciativa de ley que con toda prisa ha ido avanzando en el Organismo Legislativo y sabiendo que para la mayoría de diputados la planificación real y efectiva vale madre, se puede sospechar alguna turbia intención.
Desde hace ya varias décadas hay en Guatemala expertos en planificación que no pueden hacer mayores aportes por la ausencia de una visión de Estado que esté realmente comprometida con la promoción del bien común. Basta ver las enormes caravanas de migrantes que huyen de un país que no ofrece ni siquiera oportunidades para entender las grandes deficiencias de nuestra gestión pública, que no es capaz de articular políticas eficientes para atender las necesidades de la población.
Insisto en que es más que necesaria la planificación en el diseño de las políticas públicas para que no sean chapuces ni ocurrencias, como se ven tan frecuentemente, que terminan siendo inútiles o hasta perversas. Pero sería ingenuo pensar que, de pronto, se han dado cuenta de tal carencia y que la desean resolver. De nuestros diputados solo cabe suponer que algo turbio se persigue.
