El descarado cinismo del Congreso al plantear el incremento de los montos de las compras o contrataciones que los Alcaldes pueden hacer sin licitación es de tal calibre que hasta uno de los más firmes aliados del sistema generador de la Dictadura de la Corrupción, la cúpula del CACIF, ha terminado elevando su voz de protesta y oposición a tan cínica y asquerosa propuesta. No es correcto decir que los empresarios han estado a lado del gobierno en estos ya casi tres años, puesto que la mayoría de quienes tienen o dirigen empresas son ajenos a los arreglos pactados para “apachar” el clavo que martilló la CICIG con el financiamiento electoral ilícito, que curiosamente sigue pendiente sin haber sido clausurado por los tribunales.
Y para que aún con esa espada de Damocles, mantenida en alto por instrucciones de los “altos poderes”, salgan a señalar su rechazo a la iniciativa del oficialismo para hacer rápida piñata electoral con los fondos del Estado, debe ser que realmente se volaron la barda en su desesperado esfuerzo de alzarse con dinero que no es para conseguir más votos, que de eso se encargará el TSE, sino de armarse con todo el pisto posible antes de las elecciones. Diputados y Alcaldes saben perfectamente cómo se mueven los hilos de las compras y contrataciones del Estado y entienden que, mientras persistiera el monto vigente, obligando a licitar, también se puede robar pero toma más tiempo.
Porque no es que el monto vigente evite la corrupción pues, con todo y los requisitos de licitación, hacen su agosto porque la Contraloría de Cuentas es parte del sistema y termina encubriendo los malos manejos. Pero cumplir los requisitos toma tiempo y eso es lo que no quieren ni alcaldes ni diputados porque sienten estar contra el tiempo para levantarse todo el pisto que puedan aún antes de las elecciones. Yo estoy convencido de que apenas una pequeña parte de ese dinero será realmente para comprar votos, pues la experiencia demuestra que de todo lo que los políticos recolectan para esa compra, se terminan embolsando enormes cantidades.
Que el ICEFI critique la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado es comprensible y natural porque es una entidad que desempeña un papel de fiscalización ciudadana como parte de su objetivo de realizar estudios fiscales. Pero que lo hagan quienes han sido los mayores defensores de las decisiones de este gobierno, alentando la impunidad que es pieza clave para que florezca ampliamente la corrupción, son otros cien pesos.
Yo sostengo que lo único que hace esta reforma es acelerar el saqueo porque eliminar el requisito de licitación no cambia absolutamente nada en un modelo en el que es tan fácil amañar las licitaciones, sobre todo con la certeza de que ni la Contraloría ni las Fiscalías contra la corrupción moverán un dedo, ni siquiera en los casos más escandalosos y obvios. Es simplemente cuestión de apresurar las cosas, quitando molestos requisitos que toman tiempo y aquí, en nuestra Guatemala, debemos entender que el tiempo perdido hasta los ladrones lo lloran.
