La iniciativa 1641 que se está tramitando en el Congreso para modificar todo el sistema de adquisiciones del Estado persigue facilitar y expedita el mal manejo de los fondos públicos porque la ley actual, que no es para nada garantía de transparencia, impone requisitos que toman demasiado tiempo y eso es simple y sencillamente lo que se trata de evitar. Quien crea que la actual ley es un mecanismo para evitar la corrupción en las adquisiciones del Estado vive en gallo porque es al amparo de ese instrumento que se hacen todas esas contrataciones de obra pública que permite el enriquecimiento de tanta gente.
La ley si establece requisitos que fueron ideados con la mentalidad de transparencia, pero a ellos se aplicó aquel viejo y funesto aforismo jurídico de “hecha la ley, hecha la trampa”. Y pese a todo el engorroso trámite burocrático que implica cualquier licitación o concurso, de todos modos hacen lo que les da la gana, pero lo que les molesta, sobre todo en este período previo a las elecciones generales, es tener que perder tiempo cumpliendo con esos trámites y por eso se esmeraron en hacer una ley que de una vez por todas tira por la borda las caretas y les facilita acelerar los trinquetes.
Por ello es que la iniciativa se está tramitando con toda velocidad y diligencia en un Congreso que se distingue por dejar que duerman el sueño de los justos los proyectos e iniciativas que son de verdadero interés nacional, como la Ley de Aguas, para citar un ejemplo de algo que lleva décadas sin recibir siquiera un dictamen de alguna comisión.
Y es que ya establecido y consolidado un sistema de corrupción que asegura que toda compra o contratación deje plata para llenar maletas, como aquellas que aparecieron en Antigua Guatemala y que ahora no tienen dueño, lo que no les gusta es que para cerrar un trato tengan que hacer tanto aspaviento y tanta mueca cumpliendo con esos requisitos engorrosos que únicamente se traducen en retrasos para el enriquecimiento. La ley actual, debemos entenderlo, pudo haber sido diseñada con alguna buena intención, pero en la práctica se le juega la vuelta con la complaciente complicidad de una Controlaría de Cuentas que no controla nada y un Ministerio Público para el que la corrupción ya no existe.
Debemos entender claramente el meollo de la jugada y no es más que el de implementar mecanismos que permitan hacer trinquetes a la llama en forma exprés, sobre todo en estos meses que se vienen, cuando parte del dinero servirá para el financiamiento electoral y la compra de votos, lo que no significa que los políticos al usar “su” dinero van a dejar de hacer pactos con los financistas tradicionales, tanto los de cuello blanco como sus competidores del crimen organizado, especialmente de los narcos.
Lo que estamos viendo es el desborde de la voracidad y el mayor cinismo que se pueda imaginar. Ya no les interesa ni siquiera dar la apariencia de que se hacen bien las cosas, sino que todo se centra en que el tiempo se pasa volando y con una ley como la que proponen pueden duplicar, por lo menos, el ritmo de los negocios.
