Todos recordamos cuando Alejandro Giammattei dijo que cuidarse en la pandemia era responsabilidad de cada quien y se lavó las manos, no obstante que la vacunación que su gobierno debió dirigir fue un absoluto desastre en términos de la población olvidada de los lugares más remotos y, sobre todo, de esa población indígena que para el gobierno es inexistente porque le molesta mucho que se hable de indigenismo y cosas por el estilo.
Pues bien, para confirmar una vez más que la situación del pueblo, de la gente común y corriente, le vale madre, ahora dispuso dejar sin efecto la medida que pretendía obligar a los transportistas a contratar un seguro obligatorio para compensar los daños causados a terceras personas, literalmente dejando en absoluto desamparo a todas esas víctimas pasadas, presentes y futuras, del caos vial alentado por autoridades que son incapaces hasta de imponer los límites de velocidad porque prefieren irse atrás de los buses a recibir la mordida que les entregan los ayudantes para que los dejen correr salvajemente.
En prácticamente todos los países del mundo son obligatorios los seguros de vehículos, sobre todo en lo que se refiere al negocio del transporte de personas, puesto que con ello se pretende no sólo garantizar que quien sufra un percance será en alguna medida recompensado, sino que los empresarios se cuiden a la hora de contratar a sus pilotos y de observarlos mientras trabajan para evitar que cometan los abusos que en nuestro medio son el pan de cada día. Rara es la semana en la que no se produce un serio accidente vial con saldos mortales y que son consecuencia de la imprudencia temeraria de pilotos a los que les vale un pepino la vida ajena porque ellos saben que si chocan, basta con fugarse del lugar para estar, al día siguiente, manejando otro vehículo con la misma irresponsabilidad, como ocurrió el fin de semana con el piloto de un tráiler.
Por supuesto que a nadie le gusta tener que gastar en un seguro, sobre todo cuando vivimos en un país en el que los que cometen algún crimen no tienen que asumir ni las responsabilidades penales ni las civiles correspondientes. ¿Para qué pagar por un seguro si han tenido miles de accidentes y nunca han tenido que compensar a nadie, ni siquiera a los deudos de quienes mueren en esos percances? En el peor de los casos, si es mucha la necedad de los parientes de las víctimas, un par de cientos de pesos son suficientes para que dejen de estar jocoteando.
Y la oposición de los transportistas, incluyendo a los miles de conductores de taxis, fue suficiente para que el todopoderoso Estado, ese que ejerce todo su poder e influencia para apañar a los criminales de cualquier tipo y calaña, dejara sin efecto la medida racional y lógica de exigir prueba de contratación de un seguro para cubrir los daños a terceras personas.
El pueblo tiene que darse cuenta que la resistencia de los empresarios del transporte hizo que se desistiera del seguro. ¿Por qué jodidos ese mismo pueblo no se da cuenta que su resistencia podría acabar con tanta podredumbre y corrupción?
