En cualquier democracia se espera que los políticos tengan presencia en la vida nacional tanto si están en el desempeño de un puesto público como si se encuentran en la llanura porque, por naturaleza y obligación, deben mantener contacto con la gente hablando no sólo de la coyuntura nacional sino de los problemas estructurales que pueda tener una sociedad y que demandan políticas y acciones para su solución. A los que surgen nada más cuando hay comicios se les llama advenedizos y aventureros porque a la legua se nota en muchos su falta no sólo de interés sino de preparación y de esa cuenta es que en las verdaderas democracias el ejercicio de la política no se limita a los seis meses antes de una elección sino que se convierte en una forma de vida para quienes llegan a ser líderes de algún sector social.
En Guatemala, en cambio, por disposición legal es prohibido que cualquiera que aspire a un cargo político hable de la realidad del país o se muestre en contacto con la gente abordando temas de interés público, quedando a salvo aquellos alcaldes y diputados que aspiran a ser reelectos dentro de cuatro años y usan sus posiciones para hacerse imagen. Creo que el nuestro es el único país que se dice democrático en donde todo político tiene censura durante tres años y medio y si habla corre el riesgo de que no lo inscriban por haber realizado campaña anticipada.
De suerte que no pueden hablar ni mostrarse; lo más que pueden hacer, en secreto, es hablar con los financistas a quienes les pasan el sombrero para que vayan haciendo sus valiosas contribuciones con las que sobornan anticipadamente, desde que ni siquiera son candidatos, a aquellos en los que vislumbran alguna posibilidad de éxito que se puede traducir en una maravillosa forma de hacer negocios y conservar privilegios.
No podremos jamás quejarnos de políticos improvisados ni podremos soñar con el surgimiento de nuevas figuras y liderazgos por esas disposiciones que la clase política corrupta impuso en la legislación electoral que, literalmente, castra cualquier posibilidad de construir una efectiva y verdadera democracia. Se trata de una ley emitida por diputados que no quieren competencia y que pueden evitarla enmudeciendo a todo aquel que pueda tener legítimas aspiraciones de participación.
Los de la foto, los del pacto o alianza, esos tienen vía libre no sólo para actuar públicamente sino para mantenerse en campaña impunemente porque ya saben que la ley está hecha para los otros, para evitar el surgimiento de nuevos liderazgos porqué ¿dónde puede haberlos si el requisito para ser político es “ashilotarse” el hocico?
Y si en tiempos normales esa ley era un atentado contra la democracia y la libertad de expresión, cuánto más cuando hay un sistema corrupto que tiene el control del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, instancias que podrán frenar, tranquilamente, cualquier inscripción simplemente porque en algún medio se haya publicado la foto de alguien, aunque haya sido captada en algún cumpleaños o cualquier clase de evento social.
Cacarear democracia en medio de ese pantano de caca es realmente inaceptable.