Sin tapujos y avisando que la medida es parte del compromiso que se ha impuesto Estados Unidos respecto al tema de la corrupción que corroe el sistema democrático en Centroamérica, el mismo Secretario de Estado hizo el anuncio ayer de que Juan Orlando Hernández pasa a integrar el ya largo listado de corruptos debidamente etiquetados, a quienes no sólo se les suprime la visa sino que además se les imponen otras sanciones. En realidad el mensaje del Secretario Blinken no sólo es un duro golpe a Hernández, sino fue redactado de manera tal que lanza una clarísima advertencia a todos los pícaros, sin importar el alto rango que puedan alcanzar en sus países, sobre una nueva línea de acción política de los norteamericanos que, por supuesto, contrasta con la complacencia que tuvo la anterior administración que abrió espacios para beneficiar a personajes como Jimmy Morales y su corte.
En realidad es un hecho incuestionable que si algo destruye la democracia es la corrupción porque la misma acaba con la institucionalidad, sobre todo cuando los sinvergüenzas se esmeran en destruir el Estado de Derecho en busca de la impunidad que les permite operar sin tener que rendirle cuentas a nadie, especialmente al Sistema de Justicia.
No puede hablarse de democracia cuando se escogen Cortes para allanar el camino de la participación electoral a quienes tienen impedimento constitucional, por ejemplo, o cuando se integra un Tribunal Supremo Electoral impuesto para facilitar la inscripción de alguien que enfrenta un proceso penal por financiamiento electoral ilícito y, además, para frenar la de cualquiera que pueda significar un mínimo riesgo para el sistema de corrupción.
Se habla mucho de lo que ha ocurrido en Nicaragua y de la represión que hubo antes de la reelección de Ortega, pero no nos damos cuenta que ya estamos en esa senda desde hace tiempo. Que nadie, ni Sandra ni Zury, se vaya a sorprender si tras alguna consulta a la Corte de Constitucionalidad ad hoc, resulta que el mandato constitucional que prohíbe la reelección es declarado contrario al derecho humano a elegir y ser electo. Así ha ocurrido ya en otros países y si algo es contagioso son las malas prácticas que hacen florecer la corrupción.
La realidad de nuestra “democracia” quedó evidenciada con las investigaciones que se hicieron sobre el financiamiento electoral en el país y la forma en que por esa vía se compra a los candidatos para que, a cambio de dejarles el camino libre para la corrupción, se conviertan en defensores de privilegios y de los intereses de poderosos sectores.
Democracia implica un sistema de pesos y contrapesos con poderes independientes. Aquí los tres organismos están aconchabados para un solo propósito, el de facilitar la corrupción y garantizar impunidad y eso no puede jamás entenderse como parte de un ejercicio democrático, por más que haya elecciones cada cuatro años.
Es importante ver que afuera se ve la profunda dimensión de nuestro problema más claramente de lo que percibe nuestra opinión pública, que se distrae con la polarización y se desahoga en estériles mensajes en redes sociales, lo que ayuda a que nada cambie.
