Uno de los puntos de fácil acuerdo cuando se estaba discutiendo el proyecto de reformas al sector justicia fue el de dejar a la Corte Suprema únicamente con su tarea eminentemente judicial, tratando de que todo lo administrativo que les consume tiempo y les genera tentaciones para andar metiendo las manos donde no deben, quedara desligado del papel que corresponde a los magistrados que integran el más alto tribunal. Era un atavismo histórico el que los nombramientos, destituciones, sanciones o premios a los juzgadores tuvieran que ser decididos por ellos y de esa cuenta la sociedad, sin excepción, se pronunció a favor de un sistema más moderno en el que se dividiera la parte administrativa y de control de personal de la relacionada con los diversos procesos que tiene que conocer la CSJ.
Pero no podemos dejar de entender que uno de los factores que permite el más férreo control del sistema está en la administración del personal, puesto que ello faculta para promover, trasladar o destituir a los juzgadores dependiendo de lo que conviene e interesa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es de esa forma como se puede poner la tapa al pomo para evitar problemas tan serios como los que generan jueces como esos llamados de la dignidad que son un auténtico dolor de cabeza porque están empeñados en resolver conforme a la ley y no conforme a los visibles y marcados intereses que ahora son el factor de más peso a la hora de administrar eso que llaman justicia.
Ya se había establecido que el Consejo de la Carrera Judicial asumiera algunas de esas funciones y por supuesto que ello se tradujo en que la conformación de dicho Consejo empezó a ser parte de la eterna manipulación que hay y que se ve por todos lados. Pero no bastó ese control indirecto que se mantuvo porque sintieron que podían darse casos que se les fueran de las manos y por ello ayer el Congreso (¿cuándo no?) dispuso cambios de fondo en la Ley de la Carrera Judicial para cerrar de plano cualquier resquicio que pudiera haber en términos de que el control administrativo del sistema de justicia se le pudiera ir de las manos a los que son figuras emblemáticas de la construcción del reino de la impunidad.
Y en ejercicio de sus facultades, que ya todos conocemos, se tiraron las modificaciones que vuelven a concentrar todo el poder administrativo en quienes fueron postulados mediante las reconocidas mafias que, por supuesto, ya nunca serán juzgadas porque para eso también sirvió el desmantelamiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, esa misma que llegó a destapar aquellas romerías que se hacían al hospital donde estaba internado Gustavo Alejos, manejando desde allí los arreglos que se convertían en luz verde para ser incluidos en las famosas postulaciones.
No es para nada sorpresivo el cambio ni el hecho de que, al fin, el Congreso se pusiera a legislar y lo hiciera de esa manera. Así como la Corte Suprema de Justicia está para garantizar que no haya sobresaltos como los que hoy lloran Pérez y Baldetti, el Congreso está para acomodar las leyes exactamente con la misma finalidad que salva a tantos de chirona.
