Desde que fue destituido el anterior Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, las autoridades de esa casa de estudios mostraron su decisión de romper con las prácticas que se habían vuelto tradición en la casa de estudios y buscaron perfiles de profesionales que se adecuaran al nuevo giro tomado por esa Universidad, dispuesta a convertirse en un ejemplo de cómo la academia puede realmente cumplir el papel que en teoría se les asignó a las postuladoras desde que en el Consejo de Estado de Ríos Montt se dispuso ese mecanismo para integrar el primer Tribunal Supremo Electoral.
En aquel momento, como ya he relatado, al comentar con el abogado César Augusto Toledo Peñate sobre la idea que veníamos trabajando con Amílcar Burgos, en el sentido de arrebatar a los políticos la designación de la autoridad electoral y trasladar a la Academia esa responsabilidad, el dilecto amigo y veterano abogado, con su mucha experiencia me dijo que la idea era muy buena, pero que como hecha la ley hecha la trampa, íbamos a corromper a la academia. Y sus palabras fueron proverbiales porque fue exactamente lo que ocurrió y hasta surgieron universidades de garaje creadas exclusivamente para tener espacios en las postuladoras.
Pues ahora la Universidad Da Vinci y el Decano de la facultad de Derecho, miembro de la postuladora para aspirantes a Fiscal General, ha presentado un instrumento que me parece sumamente interesante porque contiene mecanismos para reales evaluaciones de los aspirantes, a fin de comprobar los requisitos fundamentales que se establecen en la Constitución. Por supuesto que su propuesta ya ha dado lugar a reacciones de los netcenteros de siempre que están alineados con la lucha por perpetuar la corrupción y hay hasta abogados que sin ninguna vergüenza se suman a reproducir los mensajes de aquellos que sienten pasos de animal grande simplemente porque se privilegie la capacidad, idoneidad y honestidad de los posibles aspirantes. Hablar de esos requisitos lo pintan como una tenebrosa conspiración orientada a traer nuevamente prácticas “indeseables”, como fue la lucha contra la corrupción que terminó justamente cuando Jimmy Morales designó a Consuelo Porras para el puesto de Fiscal General y luego con el desmantelamiento no sólo de la CICIG sino de la misma FECI.
El Decano de la Universidad Da Vinci está dando una muestra del sentido de transformación que se ha implementado en esa casa de Estudios luego del escabroso (para decir lo menos) papel que jugaron anteriores autoridades hasta en regalar títulos a quienes aspiraban a ser funcionarios tanto en el sistema de justicia como en el Tribunal Electoral, es decir, todos aquellos que pasaban por las tristemente célebres comisiones de postulación.
Y si señalamos los desaciertos y abusos cometidos por la Academia corrompida por la idea de las postuladoras, también es del caso señalar el papel de Rectores y Decanos dignos que no se prestan a los juegos sucios que tradicionalmente se dan en medio de lo que se ha llegado a conocer como Comisiones Paralelas, esas que funcionan al margen de las comisiones oficiales pero que son las que realmente deciden quién sí y quién no es postulado.
