En realidad se han perdido ya las formas y cualquier mínimo de compostura en el esfuerzo por afianzar a toda costa el régimen de impunidad en el país. El Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, arremete nuevamente contra la jueza Erika Aifán y solicita otro antejuicio en su contra lo que, conociendo la estrecha relación entre la Fiscal y la Corte Suprema de Justicia, resulta una petición a compadre hablado. Las instituciones más serias del país han cuestionado y condenado el proceder de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, esa misma que ahora es una fiscalía especial pro impunidad, porque atenta contra la independencia judicial y pretende sancionar a una juzgadora que se ha ganado el respeto de la opinión pública precisamente por su actuación apegada al derecho.
No es de extrañar que ahora mismo se conozcan informes sobre Guatemala de las calificadoras de riesgo indicando que “ninguna mejora macroeconómica altera las limitantes fundamentales del perfil de inversión del país, la baja recaudación fiscal y el pobre ambiente institucional”. Al margen de que agencias como Moody’s centren la mejora macroeconómica en el tema de las divisas, que el gobierno trata de invisibilizar, lo cierto es que es esa pobreza institucional es lo que menos alienta a inversionistas serios para traer su capital a Guatemala. ¿Quién siendo honesto y en su sano juicio va invertir en un país donde la autoridad encargada de la persecución penal se dedica a acosar a jueces que están cumpliendo con su deber?
Los que apoyan al gobierno en esta última batalla para cerrar el capítulo de la lucha contra la corrupción deben saber que aunque se gasten millones para ayudar al cabildeo que se hace con el dinero de Taiwán en Estados Unidos para mejorar la imagen del país, no lograrán absolutamente nada porque la ausencia de un real Estado de Derecho y de Justicia es lo que está dominando el escenario y es lo que toman en cuenta potenciales inversionistas.
El caso Aifán se está convirtiendo en emblemático porque reúne todas las condiciones de la cínica actitud que mantienen los que están empeñados en destruir lo que queda del Sistema de Justicia. Un país como el que tenemos no puede ser atractivo para nadie porque es obvio que no impera la ley y que en caso de cualquier disputa siempre será beneficiado el más sinvergüenza, el más inmoral, en detrimento de la gente honrada.
La reacción internacional está siendo tan fuerte como la que muestran los guatemaltecos que no están embarrados en la corrupción y todo ello tendrá repercusiones, sobre todo para quienes quieren seguir incrementando sus negocios mediante la abolición del Sistema de Justicia. Es cierto que algunos de los que aplauden al gobierno lo hacen porque son coyotes de la misma loma, pero hay otros que actúan así bajo presión y serán ellos los que paguen más caro el precio de su sometimiento a una política burda y absurda.
El rostro de Erika Aifán es cada día más el rostro de la justicia y el rostro de Consuelo Porras es el del desconsuelo nacional ante los retrocesos irremediables.
