Hemos llegado a un punto verdaderamente crítico en el tema de valores puesto que nos hemos acostumbrado, todos, a convivir no sólo con la ausencia de principios morales sino con la desfachatez y el burdo irrespeto a la ley. El caso de los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que acreditaron falsos posgrados ha sido esclarecido por la misma Universidad Da Vinci que ha dado un paso al frente para asumir su responsabilidad, cosa que debiera hacer cualquiera que se vea envuelto en la comisión de un hecho ilegal porque es la única forma de emprender un nuevo y decente rumbo.
En un comunicado emitido ayer explican con mucha propiedad y entereza lo ocurrido, ratificando que se han convertido en parte agraviada, hace ya mas de dos meses, habiendo solicitado que el expediente fuera trasladado a la FECI, y explicando detalladamente que el acto de graduación del “Doctor” Ranulfo Rojas, Presidente del Tribunal Supremo Electoral, y de Maestría de Marco Antonio Cornejo, magistrado del TSE, se realizó cuando ellos todavía no habían “completado los procesos de formación” para obtener tales grados académicos y fue gracias a la complicidad del entonces decano de la Facultad de Derecho, Juan Carlos Rodil, que se produjo la entrega de los diplomas que los acreditaban como Doctor y Magister en Derecho. Ese mismo Decano, separado del cargo por las autoridades de la Universidad Da Vinci al descubrir la burda ilegalidad, fue miembro de la Comisión de Postulación que propuso a los aspirantes a integrar el TSE.
En un país donde zafar bulto y eludir la responsabilidad se convierte no sólo en común y corriente sino hasta en el motor de entidades gremiales que se niegan a aceptar que algunos de sus miembros hayan podido ser parte de acciones ilícitas, el comportamiento de la Universidad Da Vinci es edificante porque está haciendo justamente lo propio, lo que todos debemos hacer cuando hacemos algo incorrecto. Tristemente esa actitud llega en momentos en que el Ministerio Público burda y abiertamente abandonó su función esencial porque se tuvo que dedicar a sepultar casos, incluyendo éste, que afecten a los que conforman la mafia que nos gobierna, la que legisla, la que juzga y la que con su financiamiento es la encargada de operar para que mientras los políticos roban a ellos les mantengan e incrementen sus privilegios.
Los casos de Rojas y Cornejo no son, tristemente, hechos aislados sino algo que se convirtió en común y corriente, al punto de que el plagio de tesis se asume como parte de lo normal y corriente y hasta magistrados de la Corte de Constitucionalidad llegaron acreditando títulos inexistentes. Si eso pasa con nuestros administradores de justicia y con los encargados de la persecución penal, ¿de qué Estado de Derecho podemos estar hablando y qué institucionalidad es la que defienden?
Por supuesto que alrededor de estos temas puede venir algún iluminado a ofrecer una mesa de diálogo para que nos pongamos de acuerdo y no extraña, en absoluto, que sea el narcopartido de Mario Estrada el primero que salga aceptando la invitación formulada por un par de obispos, uno de los cuales, al menos, hizo puntos para ascender siendo lambiscón con el Nuncio que no ocultó nunca su encanto por los corruptos. Y si así se asciende en el clero, qué nos puede sorprender lo otro.
