En la ley se establecen las causas y formas para que un fiscal pueda ser removido de su cargo y el incumplimiento de esas formalidades dio lugar a que Juan Francisco Sandoval presentara una acción de Amparo que fue admitida para su trámite, dando audiencia a la Fiscal General Consuelo Porras para que explique cómo y por qué se produjo el despido abrupto de quien dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Por supuesto que correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia el trámite de esa acción legal, no resulta descabellado anticipar que la resolución final será a favor de Consuelo Porras porque, al fin y al cabo, están en el mismo equipo que opera y se defiende a capa y espada.
Todos los expertos en temas legales y administrativos relacionados con el Ministerio Público han explicado que en la destitución de Sandoval no se cumplieron los requisitos formales contemplados en la ley y en cualquier lugar del mundo ello es suficiente para que, mediante un Amparo, la persona agraviada por un acto ilegal pueda recobrar plenamente sus derechos. Tal es el sentido de esa institución contemplada en nuestra Constitución que persigue, cabalmente, la inmediata reparación de agravios y de esa cuenta es que la misma Ley Constitucional establece que no hay ámbito que no sea susceptible de Amparo para hacer absolutamente amplia esa cobertura.
Y así como los expertos coinciden en que lo ocurrido viola el derecho de un trabajador que fue despedido sin el debido proceso simplemente porque se le consideró sin fundamento “Empleado de confianza”, también coinciden en que tal y como viene operando el Sistema Judicial en nuestro país resulta poco probable que Sandoval pueda ser restituido en el derecho que le asiste.
El punto es crucial, creo yo, porque hoy es Juan Francisco Sandoval quien se encuentra en esa adversa situación víctima de un capricho, pero el día de mañana puede ser cualquiera, incluido usted estimado lector, porque lo que estamos viendo es una profunda violación del Estado de Derecho que tiene su origen, tristemente, en la conformación de las distintas Cortes que son producto de amañados procesos que tienen la finalidad de llevar a administrar justicia no a los mejores, más calificados y más honestos juristas, sino a los que venden su alma al diablo para llegar a un puesto en el que se comprometen a ser fieles sirvientes del régimen de impunidad.
Y eso tarde o temprano nos pasará enorme factura a todos porque aún por cuestiones sencillas, como podría ser un accidente vial, el ciudadano queda en manos de juzgadores designados por su vocación corrupta y de esa cuenta el que pueda pagar la mordida más alta será quien logre un veredicto a su favor. Parece extremo y radical el asunto, pero es que hemos llegado a una situación en la que, en toda la institucionalidad del país nadie pasa sin saludar al rey. Y los que hoy se sienten poderosos porque fueron parte de la cooptación, pronto verán que otros que disponen de más dinero (como el narcotráfico) les rebasarán fácilmente y los van a sustituir como amos y dueños de la situación.
