Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Lo ocurrido el pasado viernes es el portazo final que el Pacto de Corruptos pega para completar la cooptación absoluta del Estado y de una institucionalidad que ha ido moldeando cuidadosamente para lograr dos cosas: facilidad para realizar negocios que les enriquezcan a costillas del pueblo y certeza de impunidad para que no tengan que vivir sobresaltos como los que sufrieron no sólo Pérez Molina y Baldetti, sino todos aquellos que salieron a bailar en el 2015. Todo mundo sabía que esa molesta Fiscalía Especial Contra la Impunidad era el último rescoldo de la lucha contra la corrupción y precisamente por ello es que en su intención de destacar la importancia de ese esfuerzo, si de verdad se quería combatir la migración, todos los emisarios de muy alto nivel que visitaron Guatemala se reunieron con Juan Francisco Sandoval y elogiaron su labor.

Hay que ser demasiado ingenuo para suponer que las tres investigaciones que tenían profundamente preocupado a Giammattei, al punto de que su Miguelito puso tierra de por medio, no eran de conocimiento de “los gringos” y que Sandoval estaba navegando en esas aguas agitadas sin ningún tipo de salvavidas. De hecho, la FECI subsistía únicamente por el expreso apoyo de la Embajada, reforzado vigorosamente con esas visitas de personajes como Kamala Harris y compañía que no se midieron en mostrarle respaldo aún a sabiendas de que no era precisamente “santo de la devoción” de los círculos de poder político y poder real de Guatemala.

La decisión de destituir de manera fulminante a Sandoval el pasado viernes fue resultado del eficiente trabajo que fue a hacer Consuelo Porras durante varios días en la FECI, escarbando entre expedientes para encontrar cualquier caso que implicara a sus amigos y, cuando encontró, no le quedó otra que proceder con el golpe final. Ese que Abdón Rodríguez Zea hubiera calificado como el acabose, usando la frase de “Apaga la luz y vámonos…”.

Porras sabía que ese momento tendría que llegar tarde o temprano porque sabía en medio de cuánta porquería se había metido y por eso fue que buscó todo el apoyo de las fuerzas del orden para capturar a cuanto extraditable pudiera a fin de “fortalecerse” ante esos gringos a quienes preocupa mucho la migración pero también el narcotráfico. Y, obligada por las circunstancias a dar el manotazo final, confía en que esas capturas sirvan para lavar un poco la cara desde la tesis de que el narco es algo fundamental para la política de EUA hacia estos países.

El caso, sin embargo, es mucho más profundo. Con ese manotazo Guatemala se convierte en un país peor que Nicaragua y Venezuela en donde simplemente no se puede ni hablar de Estado de Derecho, porque el control de todas las instituciones hace que lo que disponga la dictadura se hace porque se hace. Pues exactamente esa es la condición a la que finalmente llegamos este año, con la nueva Corte de Constitucionalidad y la desaparición de la FECI. A partir de ahora la autopista de la corrupción está recubierta con el asfalto de la impunidad y ciego el que no lo quiera ver, razón por la cual se entiende la reacción de esos sectores ciudadanos que se resisten a hincarse humillados.

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