Una de las prioridades del gobierno de Alejandro Giammattei, cuando se estableció la llamada Alianza Oficialista, que ha sido tan útil para conseguir específicamente los fines del combo que lucha desesperadamente para asegurar plena impunidad a los implicados en corrupción, fue una nueva Ley de ONG’s que estableciera mecanismos mediante los cuales se pueda disolver a esas entidades sin mayor trámite y por una decisión que tomen las autoridades del Ministerio de Gobernación. Se plantea, además, mayor control de sus movimientos financieros, lo cual siempre es conveniente cuando se trata de la utilización de recursos ajenos y con fines no lucrativos. Algo así como lo que se debe exigir siempre a los políticos que utilizan los recursos públicos para llenarse los bolsillos sin que el producto de los impuestos llegue a donde de verdad se necesita.
En países donde el Estado es más débil y donde hay abandono por la promoción del bien común es natural que surjan más Organizaciones No Gubernamentales que tienen, precisamente, la finalidad de apoyar esfuerzos en la sociedad para promover mejores condiciones de vida en todo el sentido de la palabra, desde el respeto a los derechos humanos hasta la promoción de beneficios como puede ser la lucha contra la desnutrición. No hay campo de la vida humana en el que no haya espacio para esfuerzos particulares que puedan ser complemento del Estado, sobre todo cuando éste no puede o no quiere atender a la gente.
El pretexto que se usa para justificar la ley que acaba de ser revivida por la Corte de Constitucionalidad es el de la transparencia en el manejo de los recursos, con lo cual toda persona decente estará más que de acuerdo, pero sabemos que ello es apenas la forma de encubrir el objetivo real que es el de disolver aquellas que son molestas, sea por su actividad intrínseca o, sobre todo, por el nivel de denuncia que mantienen respecto a las condiciones estructurales de la deficiente calidad de vida que impera en Guatemala.
La ley está redactada de manera que mediante un muy sencillo procedimiento administrativo se pueda cancelar cualquier Organización No Gubernamental que moleste. De hecho, aún sin la vigencia de esa ley, toda entidad tiene responsabilidades que debe cumplir y si incurre en alguna actividad delictiva sus representantes tendrán que enfrentar consecuencias penales. Pero una cosa es el que se juzgue a alguien por reales o supuestos abusos y otra es que un ministro pueda decidir si una ONG sigue funcionando o si la liquida de un plumazo.
En el mundo hay millones de organizaciones de ese tipo y muchas son en verdad molestas para el poder que mientras más abusivo es más anda viendo como las elimina. Cuando he hablado de la Dictadura de la Corrupción precisamente me refiero a este tipo de comportamientos que son abiertamente dictatoriales porque tratan de que prevalezca única y exclusivamente su criterio, condenando a los que expresan alguna forma de oposición a las prácticas autoritarias.
Las ONG’s más fuertes son aquellas que hacen mejor su trabajo y se ganan confianza no sólo de donantes sino de la propia gente y ya veremos que son cabalmente ellas tras las que va la ley que propuso Giammattei.
