A pesar de los esfuerzos de muchos por promover la transparencia en América Latina, la adopción de los procedimientos administrativos inclusivos necesarios para ponerla en práctica se ve obstaculizada. Mientras que lo habitual es que todos elogien dichas iniciativas, los proyectos de ley son escasos, los pocos que sí se introducen se desvirtúan en el proceso legislativo y los mamotretos que se promulgan rara vez se aplican con sensatez, incluso después de costosos esfuerzos de capacitación. Encima, si algún acto indebido sale a la luz, no hay repercusiones, excepto para quien lo expuso.
La transparencia, claro está, es esencial en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los esfuerzos por garantizarla en América Latina se han visto perjudicados por el enfoque miope en la adopción de leyes y reglamentos, y en la capacitación de quienes los aplican. Se pasa por alto que la adopción y aplicación efectiva de estos procedimientos depende, en última instancia, de si benefician a los políticos que los promulgan y a los funcionarios que los manejan.
Los procedimientos administrativos inclusivos se componen de reglas diseñadas para promover la transparencia y la participación de los interesados en la toma de decisiones gubernamentales. Ejemplos incluyen la presentación periódica de informes públicos a través de auditorías, los sistemas de revisión por pares, los procesos de toma de decisiones que permiten la participación de la ciudadanía y la celebración de audiencias y consultas públicas.
Estos procedimientos permiten que todas las partes interesadas supervisen y participen en las decisiones de los organismos gubernamentales, lo que garantiza su rendición de cuentas. Además, mediante la revisión judicial, es posible anular decisiones cuando se han omitido procedimientos esenciales, lo que crea un incentivo para cumplirlos.
No obstante, la experiencia demuestra que los reglamentos, la capacitación y las cortes no bastan. Estos procedimientos solo se implementan de manera veraz cuando el entorno propicia que todas las partes involucradas —y en particular los políticos, los partidarios y los funcionarios— se beneficien de su empleo.
Hay dos elementos clave que crean este entorno favorable, ambos derivados de previos cambios constitucionales (como un servicio profesional de carrera gestionado por una junta técnica civil) para establecer servidores públicos independientes. En primer lugar, establecida la independencia estructural de estos, los políticos pierden la capacidad de ejercer presión sobre la burocracia para que refleje sus intereses y los de su clientela. En este caso, nadie se beneficia de una burocracia opaca. Esto hace que ellos mismos vean en los procedimientos administrativos inclusivos su mejor opción para que el funcionariado rinda cuentas.
En segundo lugar, los funcionarios querrán mantener la estabilidad, la autoridad y el estatus adquiridos gracias a su independencia estructural. Para defender la autoridad y las finanzas de sus instituciones, necesitarán el apoyo de grupos civiles, empresariales y profesionales, así como del electorado en general. Esta vulnerabilidad promueve una actitud de responsabilidad entre los funcionarios, ya que deben justificar sus acciones, no solo basándose en su autoridad legal, sino en la calidad de sus decisiones. Los conflictos entre grupos con intereses divergentes son inevitables. Sin embargo, los mecanismos que promueven la transparencia, la imparcialidad y la previsibilidad, junto con funcionarios públicos independientes, les permiten a estos ganar la confianza y el respaldo de diversos grupos.
Mientras no se establezca la independencia estructural, ni los políticos ni su clientela contarán con la motivación necesaria para implementar plenamente los procedimientos administrativos inclusivos. Lograr gobiernos transparentes precisa más que reglamentos y capacitación: requiere crear los incentivos adecuados. Alcanzar este fin depende de cambios en la estructura gubernamental.
