En cuestiones de gobernanza, es útil explorar conceptos clave que nos ayuden a comprender por qué hay corrupción. Uno de ellos es la dependencia: ¿cómo se fortalece la independencia de los jueces y otros funcionarios?
En América Latina, a menudo se tiende a pensar que la independencia es una decisión voluntaria o un rasgo de carácter. Si alguien no actúa de manera independiente, se le tacha de servil, lo que conlleva someterse de manera indigna a la autoridad de otro.
Sin embargo, una perspectiva diferente nos lleva a considerar la relación entre el patrón y su subordinado; el primero controla diversos recursos, como cargos, decisiones judiciales, permisos y contratos, que el segundo necesita para su bienestar. Por tanto, el patrón utiliza este control como una forma de coerción para asegurarse de que quien depende de él actúe en su interés.
Es importante destacar que la coerción implica una amenaza de castigo. El malentendido surge ante la invisibilidad de estas relaciones, cosa que no sucede con las acciones del dependiente —como, por ejemplo, archivar un caso—; es por ello por lo que su causa aparenta ser el servilismo.
No es necesario recurrir a la fuerza física para limitar el libre albedrío de una persona; cuando las consecuencias previstas son significativas, la voluntad tiende a ceder. Esto resalta la necesidad de educar a la población sobre la coerción ejercida por políticos, identificar las dependencias creadas por las estructuras de poder gubernamental y reconocer que la corrupción va más allá de la falta de valores o el servilismo.
La intuición nos dice que la solución para garantizar que los ciudadanos actúen de manera honesta y responsable es fomentar un mejor carácter y valores. No obstante, debemos considerar el contexto actual: el candidato que se niega a participar en el clientelismo pierde apoyo, el funcionario que actúa con imparcialidad enfrenta represalias y el ciudadano que se niega al cambalache ve afectado su bienestar y porvenir.
Aunque la fuerza de voluntad y los valores son importantes, cultivarlos no cambia la naturaleza coercitiva de la situación o la necesidad de sobrevivirla. Para superar el doblegamiento endémico, debemos eliminar los instrumentos que facilitan la coerción en lugar de simplemente apelar al carácter moral de las personas.
Las sociedades que cuentan con funcionarios independientes e imparciales han adoptado mecanismos para facilitar esta independencia, como la elección democrática de fiscales, jueces nominados por comisiones apolíticas y empleados públicos con carreras administradas por comisiones civiles. Como ejemplo, en el caso de Luisiana, el título X de su Constitución establece sistemas de servicio civil tanto a nivel estatal como local, los cuales son administrados por comisiones civiles. La mayoría de las constituciones estatales en Estados Unidos incorporan este tipo de mecanismos en lugar de basarse en listas de derechos y deberes.
Estos instrumentos organizacionales crean funcionarios estructuralmente independientes con libertad para actuar correctamente y, por tanto, pueden sancionar a otros funcionarios sin temor a represalias. Los políticos, por su parte, pierden el poder de distribuir cargos y beneficios, con lo que se reduce el clientelismo y la arbitrariedad. A su vez, el hecho de no poder recibir beneficios personales alienta a los militantes a respaldar a políticos que promuevan normas sostenibles y combatan el abuso.
América Latina no tiene una población con menos fuerza de voluntad ni peores valores. La corrupción endémica persiste en la región debido a que la estructura de poder dentro de sus Gobiernos facilita que pocos subordinen a muchos. Para abordar este problema, debemos comprender que la falta generalizada de independencia e imparcialidad es el resultado de la coerción, no del servilismo.
