Las universidades no son responsables de la crisis que afronta el sistema de justicia en Guatemala. Quienes deben rendir cuentas son algunos rectores que, juraron defender el prestigio de sus instituciones, terminaron utilizando ese cargo para entrar en el juego de la política más oscura. En lugar de actuar como garantes de mérito y honorabilidad, decidieron poner el peso de sus universidades al servicio de grupos políticos cuya única obsesión es controlar las cortes para proteger sus intereses y asegurar la impunidad.
Pero qué podemos esperar de un Walter Mazariegos, rector de la Usac, si su elección fue cuestionada por estudiantes y académicos. Además, Fidel Reyes Lee, quien es rector de la Universidad Rural y juega un doble papel como académico y diputado por el partido Bienestar Nacional.
Pero quién no se queda atrás, es Mynor Herrera Lemus, rector de la UPANA, generador de debate sobre la independencia ideológica y religiosa que ha dejado mal visto el proceso. Pero todavía queda uno más: Mynor Cordón y Cordón, rector de la Universidad Regional, quien deja muy mal parada la figura de un académico que debe ser ejemplo de dignidad y de prestigio.
En fin, el problema nunca fueron las universidades. El problema han sido estos personajes nefastos para Guatemala, quienes se olvidaron que su cargo no es una plataforma política, sino un compromiso ético con una nación que está urgida de una limpieza de corruptos.
Cuando los constituyentes incorporaron a la academia en los procesos de selección de magistrados, asumieron que quienes representarían a las universidades actuarían con independencia, solvencia profesional y respeto por el prestigio institucional. Lo que probablemente no imaginaron fue que, décadas después, algunos terminarían prestando su nombre y su investidura a los mismos intereses políticos que el modelo pretendía contrarrestar.
Sin embargo, cuatro décadas después, la realidad ha terminado por desnudar una verdad incómoda. No se trata de una falla estructural de la academia, sino de una crisis de liderazgo y de ética en quienes han tenido el privilegio de representar a instituciones que deberían ser símbolo de integridad intelectual.
Quien asume una rectoría no solo ocupa un cargo administrativo. Asume también un compromiso moral frente a la comunidad universitaria y frente al país. En el acto de toma de posesión hay un juramento implícito, que es el de defender el prestigio de la institución, proteger su independencia y actuar con rectitud.
Algunos rectores en lugar de actuar como contrapeso moral, han permitido que la academia sea utilizada como pieza dentro de un tablero político cuyo objetivo final es la captura del sistema de justicia. La consecuencia de estas decisiones no es menor. Cuando quienes representan a las universidades se prestan a ese juego, no solo se compromete una elección de magistrados; se deteriora la credibilidad de la academia y se traiciona la confianza de miles de estudiantes que creen que la universidad es un espacio de conocimiento, libertad intelectual y ética pública.
El país conoce bien el resultado de esas prácticas. Las redes políticas que han buscado controlar las cortes no lo hacen por convicción jurídica ni por interés institucional. Lo hacen porque un sistema de justicia cooptado se convierte en el mejor seguro de vida para la corrupción. Desde allí se garantiza el manto de impunidad que permite que los mismos grupos sigan saqueando los recursos del Estado mientras millones de guatemaltecos enfrentan carencias básicas.
Por eso Guatemala aparece una y otra vez entre los países con mayores problemas de corrupción en la región. No es una etiqueta gratuita ni una exageración retórica. Es la consecuencia directa de un sistema donde las instituciones llamadas a actuar con independencia terminan subordinadas a intereses políticos y económicos que poco tienen que ver con el bien común.
Las universidades no merecen cargar con esa responsabilidad. Sus escudos representan décadas, en algunos casos siglos, de formación académica, investigación y aporte al país. Pero ese prestigio puede erosionarse rápidamente cuando quienes portan esos símbolos olvidan que su deber es protegerlos, no negociarlos.
Un rector no puede comportarse como operador político sin traicionar la esencia misma de la universidad que dirige. Y cuando eso ocurre, el daño es doble, se debilita la justicia y se degrada la academia.
Guatemala necesita universidades fuertes y autónomas, pero también necesita rectores que comprendan la dimensión histórica de su cargo. No se trata solo de administrar una institución educativa, sino de custodiar un legado intelectual y moral que pertenece a toda la sociedad.
Porque cuando un rector vende su nombre a intereses políticos de corto plazo, no solo compromete su reputación personal. Compromete el honor de la universidad que representa y contribuye, consciente o inconscientemente, a que el país siga atrapado en el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad. Y esa es una deuda moral que la historia difícilmente perdona y que en su momento cobrará la factura.
