En Guatemala, las elecciones más determinantes para el futuro del país no siempre se definen en las urnas. Las elecciones de segundo grado, aquellas que no decide directamente el ciudadano sino cuerpos colegiados como el Congreso y las Comisiones de Postulación, son las que terminan definiendo quién administrará la justicia, quién interpretará la Constitución y quién dirigirá instituciones fundamentales para el equilibrio democrático. De estos procesos depende la integración de las cortes y, con ello, la fortaleza o fragilidad del Estado de Derecho en los próximos años.
En ese escenario, el papel de la prensa no es complementario, es esencial. Las Comisiones de Postulación fueron diseñadas para evaluar méritos, trayectoria, capacidad académica y honorabilidad. En teoría, deberían garantizar que los mejores perfiles lleguen a las magistraturas, por lo que ahí es donde el periodismo cumple una función democrática insustituible, esa función de iluminar lo que algunos prefieren negociar en la sombra.
La cobertura constante, el análisis técnico y la investigación documentada permiten a la ciudadanía conocer qué ocurre realmente en las salas donde se asignan punteos, se integran nóminas y se define el futuro de la justicia. La prensa no vota ni integra comisiones, pero sí fiscaliza, exhibe conflictos de interés y expone cuando los procesos se apartan del mandato constitucional. Sin una prensa libre y vigilante, las elecciones de segundo grado se reducen a repartos de poder entre “mañosos”. Con una prensa activa, cada decisión puede ser examinada y cada candidato sometido al escrutinio público.
Pero lo que está en juego va mucho más allá de nombres propios. Una justicia bien aplicada genera credibilidad institucional, y la credibilidad produce paz social y seguridad jurídica, porque existen reglas claras y que nadie está por encima de la ley. Esa certeza desincentiva abusos, reduce conflictos y fortalece la convivencia democrática. Cuando la justicia es selectiva, en cambio, el mensaje es devastador, se ha comprobado que la ley depende del apellido, del cargo o del “conecte”.
Hoy no solo están en juego las cortes. También lo están el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, instituciones que tienen que ser pilares de la legalidad y que determinan si el país avanza hacia la transparencia o continúa atrapado en la desconfianza. Guatemala figura entre los países peor evaluados en los índices internacionales de percepción de corrupción en América Latina, una región que tiene en sus extremos más críticos a Venezuela y Nicaragua. Esa ubicación no es una etiqueta injusta, sino el reflejo de debilidades estructurales que afectan la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico.
Ningún inversionista serio arriesga capital en un país donde la justicia es impredecible o donde los tribunales responden a intereses particulares y no a la ley. El fortalecimiento del Estado de Derecho no es un discurso académico; es una condición básica para el desarrollo nacional. Sin seguridad jurídica no hay crecimiento sostenible, y sin instituciones confiables no hay estabilidad democrática. Por ello, la vigilancia periodística en estos procesos no constituye confrontación sino responsabilidad democrática. Informar sobre lo que ocurre en las Comisiones de Postulación no es desestabilizar, es transparentar.
Sin embargo, si realmente se quiere transformar el sistema de justicia, es indispensable discutir reformas estructurales. El modelo de Comisiones de Postulación necesita cambios profundos. No puede seguir siendo un espacio donde delegados de algunas universidades privadas actúan movidos por intereses personales o agendas que poco tienen que ver con el fortalecimiento institucional. En el proceso reciente, la participación de representantes de la Universidad Panamericana (UPANA) y la Universidad Regional han sido objeto de cuestionamientos públicos, particularmente por la elaboración de tablas de gradación que, según diversas voces críticas, parecían diseñadas a la medida de determinados aspirantes.
La academia debe ser ejemplo de pulcritud, ética y transparencia, porque forman profesionales y moldean liderazgo. Cuando sus rectores o delegados participan en procesos cuestionados, no solo comprometen una elección; comprometen la credibilidad y la reputación de las instituciones que representan. Si desde la academia se distorsionan los mecanismos de evaluación, el mensaje que se envía es peligroso, porque los principios no son negociables y los intereses pueden estar por encima de la institucionalidad. Y una universidad que pierde autoridad moral pierde también su razón de ser, debe desaparecer.
La incidencia de ciertas autoridades universitarias en estos mecanismos debe revisarse con seriedad. No es sano para la democracia que rectores utilicen su cuota de representación para influir en la colocación de alfiles dentro del sistema de justicia. Esa situación generó alarma social al evidenciar que perfiles señalados en distintos espacios por presuntos vínculos con estructuras ilícitas lograban avanzar en el proceso, lo que incluso motivó que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala emitiera una postura pública expresando preocupación por la transparencia y la integridad de la elección. Una total vergüenza pública.
La elección de magistrados no puede seguir siendo un ajedrez de operadores. Debe ser un ejercicio transparente, técnico y orientado al interés nacional. Porque donde no hay justicia independiente, no hay paz; donde no hay reglas claras, no hay inversión; y donde las instituciones se convierten en botín, la democracia se debilita. La disputa por la justicia es, en realidad, la disputa por el futuro de Guatemala para que dejemos una mejor nación a nuestras próximas generaciones.
