En la era de la inmediatez digital, escribir en redes sociales dejó de ser algo sin importancia para convertirse en un ejercicio de poder. Cada publicación, cada comentario y cada señalamiento puede detonar una conversación pública que impacta reputaciones, instituciones y hasta procesos democráticos. En el momento que vivimos más que nunca, opinar implica una responsabilidad ética y legal que muchos prefieren ignorar, especialmente los “politiqueros”, que lo que buscan es un like.
Las plataformas digitales han democratizado la palabra. Cualquier ciudadano puede expresar su punto de vista y eso, en esencia, es positivo. La libertad de expresión es uno de los pilares de toda sociedad democrática. En Guatemala, está consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que garantiza la libre emisión del pensamiento. Sin embargo, este mismo principio no es un cheque en blanco para difamar, calumniar o destruir honras ajenas bajo el disfraz de la opinión.
Lo preocupante es cuando quienes más deberían actuar con prudencia, los actores políticos, convierten las redes sociales en plataformas de ataque. “Politiqueros” de ocasión que, en su afán de ganar votos, seguidores o “likes”, lanzan acusaciones sin una sola prueba, señalan con ligereza y construyen narrativas dañinas sin asumir las consecuencias. No buscan informar ni contribuir al debate público; buscan posicionarse, aunque sea a costa de la dignidad de otros.
Se ha vuelto costumbre ver publicaciones que insinúan delitos, que etiquetan a personas como corruptas o criminales sin que exista una resolución judicial que lo respalde. La lógica parece simple, lanzar primero, verificar después, si es que alguna vez se verifica. El daño, sin embargo, ya está hecho. La reputación de una persona puede quedar marcada para siempre por una publicación viral, aunque sea falsa.
Como sociedad, debemos exigir mayor responsabilidad a quienes aspiran a representarnos, sobre todo si es candidato presidencial. Si alguien quiere ocupar un cargo público, debe entender que la ética comienza en la palabra. No se puede construir liderazgo sobre la base del descrédito sin pruebas. No se puede pedir confianza ciudadana mientras se vulnera la honra ajena.
Lo más controversial del caso es que si alguien acusa públicamente la comisión de un delito, es porque afirma conocer el hecho. Y si lo conoce, su obligación no es convertirlo en espectáculo digital, sino presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. De lo contrario, podría estar incurriendo en responsabilidades legales por la imputación falsa o temeraria. Acusar sin denunciar formalmente no solo es irresponsable; puede constituir un ilícito que debería ser investigado y perseguido por el Ministerio Público como ente encargado de la acción penal. Sin embargo, este tipo de conductas se han normalizado y han dejado de corregirse, porque pareciera que no existe interés en poner orden a un debate público cada vez más degradado.
El artículo 35 constitucional es claro al proteger la emisión del pensamiento, pero también establece responsabilidades cuando se cometen abusos. La libertad de expresión no ampara el delito. No ampara la difamación. No ampara la calumnia. Y mucho menos ampara el uso deliberado de información falsa para desacreditar a un adversario político o a un ciudadano común.
Hay una diferencia abismal entre cuestionar y acusar; entre opinar y sentenciar; entre denunciar con respaldo y señalar por cálculo político. Cuando un político utiliza su plataforma para insinuar delitos sin pruebas, no está ejerciendo libertad de expresión, esta persona está utilizando el poder de su audiencia para presionar, intimidar o manipular la opinión pública.
El problema no es menor. Las redes sociales amplifican el mensaje a una velocidad que antes era impensable. Un comentario irresponsable puede replicarse miles de veces en cuestión de minutos. La mentira se viraliza más rápido que la verdad. Y mientras tanto, la persona señalada debe cargar con el peso de una sospecha construida artificialmente.
También es importante marcar una diferencia fundamental: no es lo mismo la actuación de un ciudadano común en redes sociales que la labor de un periodista en el ejercicio profesional de informar. El periodista está amparado por la Ley de Emisión del Pensamiento y por el marco constitucional que protege la función informativa, siempre que actúe bajo principios de veracidad, investigación y responsabilidad editorial. Su trabajo implica contrastar fuentes, documentar hechos y asumir responsabilidad legal por lo publicado dentro de un régimen específico.
En cambio, una persona común y corriente, incluidos los actores políticos cuando actúan desde sus perfiles personales, no tienen esa potestad ni ese marco especial de protección para lanzar acusaciones sin sustento. Si imputa delitos sin prueba, puede incurrir en responsabilidades penales y civiles. La libertad de expresión protege la opinión; no protege la imputación falsa de hechos delictivos.
Cerrar los ojos ante esta diferencia es contribuir a la confusión y al deterioro del debate público. La democracia necesita crítica, necesita fiscalización y necesita una prensa profesional. Pero también necesita ciudadanos responsables y políticos conscientes de que la palabra tiene consecuencias jurídicas y morales, pero sobre todo encauzar denuncias para castigar a los irresponsables.
