El Sistema Penitenciario guatemalteco no solo está cooptado por mafias, también hay una dosis de “politiqueros” y esto deja moralmente rendida la gobernanza. Durante años, distintos ministros de Gobernación, directores de centros carcelarios, alcaides y guardias penitenciarios han decidido vender su honor a cambio de dinero fácil.
No se trata de hechos aislados ni de “manzanas podridas”, sino de una práctica extendida que explica por qué los reos mandan más que la autoridad y por qué las cárceles dejaron de ser centros de reclusión para convertirse en espacios de privilegio.
Miles de quetzales cambian de manos para que la autoridad voltee a ver hacia otro lado. Ese es el precio de permitir fiestas, churrascos, cenas especiales y celebraciones que nada tienen que ver con un régimen penitenciario serio, el cual debe estar conformado para rehabilitar. Incluso ese es el formato que manejan en los diferentes centros carcelarios, pero lamentablemente colapsó.
Productos sin control, alimentos de lujo, bebidas, electrodomésticos y todo tipo de comodidades ingresan a los penales con una facilidad insultante para cualquier ciudadano que cumple la ley. Así, los privados de libertad viven con lujos comparables a los de un hotel de cinco estrellas, apadrinados por la corrupción interna de lo mal llamado “autoridad”.
Pero el daño va mucho más allá del escándalo moral. Las cárceles se han transformado en la llamada “Escuela del Crimen”, espacios donde no solo se pierde la noción de castigo y rehabilitación, sino donde se planifican y ordenan secuestros, extorsiones, asesinatos, robos y toda clase de delitos. Desde una celda, con un teléfono ingresado ilegalmente y la complicidad de un guardia comprado, se decide el destino de víctimas que jamás han pisado un penal. El encierro, lejos de neutralizar al criminal, lo convierte en estratega.
Más grave aún, dentro de los penales se han montado negocios para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Tiendas internas, cobros de “rentas”, tráfico de favores y control de servicios se convierten en mecanismos para mover y blanquear recursos criminales. Las cárceles no solo albergan delincuentes, en ellas funcionan oficinas administrativas de los reos, protegidas por muros que el propio Estado se niega a controlar.
La responsabilidad directa recae en el Sistema Penitenciario de Guatemala, una institución capturada por redes de corrupción que operan con total impunidad. Guardias que cobran, alcaides que autorizan y directores que consienten han permitido que el poder real se desplace de la autoridad a los internos, consolidando un sistema donde manda quien paga más. Ahora los vemos llorar que han sido tomados como rehenes, cuando ellos mismos perdieron la autoridad y se convirtieron en trabajadores serviles.
Nada de esto sería posible sin la complicidad política. El Ministerio de Gobernación, bajo gobiernos de distintos signos, ha fracasado en imponer una política penitenciaria firme, sostenida y transparente. Cada ministro anuncia operativos y reformas, pero pocos se atreven a romper los pactos de corrupción que convierten a las cárceles en negocios rentables para funcionarios sin escrúpulos.
El resultado es un Estado humillado. Mientras los reos celebran banquetes y dirigen operaciones criminales, la autoridad se reduce a un artículo decorativo. Las consecuencias las paga la ciudadanía, y lo que recibe son extorsiones, violencia permanente y miedo instalado en los hogares de Guatemala. Cada delito planificado desde una prisión confirma que el problema penitenciario es, en realidad, un problema de seguridad nacional.
Recuperar el control exige depuración real, sanciones ejemplares y supervisión externa independiente. Pero, sobre todo, exige voluntad política para dejar de negociar el honor por miles de quetzales. Mientras las cárceles sigan siendo escuelas del crimen y hoteles de lujo para delincuentes, el Estado seguirá preso de su propia corrupción.
