Los Juegos Centroamericanos debieron ser una celebración del mérito deportivo y una oportunidad para fortalecer el sistema del deporte nacional. Hoy, en cambio, se han convertido en un caso emblemático de opacidad, desorden financiero y decisiones políticas que podrían haber rebasado los límites de la legalidad. Guatemala no enfrenta únicamente un problema administrativo, se ha conocido que enfrenta un posible escándalo de responsabilidad penal.
La falta de información clara sobre el uso de los fondos destinados al evento no es una omisión menor. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), responsable directa de la administración de los recursos, no ha presentado informes financieros detallados, auditables y públicos que expliquen cómo y bajo qué criterios se ejecutó el presupuesto.
En cualquier institución que maneja fondos del Estado, esa conducta no solo genera desconfianza, también pueden generar acciones legales tal es el caso del Estado Nacional Mateo Flores y la piscina olímpica de Petén.
A esta opacidad se suma un elemento aún más grave. Autoridades deportivas de El Salvador, Costa Rica y Panamá han comenzado a develar que recibieron transferencias directas a sus cuentas para cubrir la logística de sus delegaciones, según oficios que han emitido y enviado a las autoridades deportivas guatemaltecas.
Este mecanismo, lejos de responder a una planificación técnica, derivó en arbitrariedades, criterios dispares y una dispersión de responsabilidades que hoy pone seriamente en entredicho la forma en que Guatemala administró su presupuesto público para los Juegos Centroamericanos.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién autorizó estas transferencias?, ¿bajo qué marco legal?, ¿con qué controles?, ¿y con qué aval institucional? Hasta ahora, no existe evidencia pública de que estas decisiones hayan contado con la aprobación formal de las asambleas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) ni de la propia CDAG, órganos colegiados que, por mandato, deben conocer y autorizar decisiones de alto impacto financiero.
De confirmarse esta omisión, no estaríamos ante simples irregularidades administrativas, sino ante posibles violaciones a la normativa interna y a la legislación vigente sobre manejo de fondos públicos.
Más preocupante aún es el trasfondo político. Todo apunta a que el evento fue utilizado como una plataforma para posicionar a Guatemala en la disputa por la dirigencia de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA). En esa carrera por poder e influencia regional, se habrían asumido compromisos financieros desproporcionados, sin respaldo institucional suficiente y con recursos que no pertenecen a los dirigentes, sino a los contribuyentes.
Mientras se jugaba esta partida política, los atletas volvieron a quedar relegados. Deportistas que entrenan sin infraestructura adecuada, sin apoyo médico integral y con recursos limitados fueron usados como vitrina para justificar un evento que hoy aparece marcado por la improvisación y el desorden. Ellos cumplieron. Los administradores, no necesariamente.
Ante este escenario, el silencio del Estado es inaceptable. El Congreso de la República de Guatemala debe ejercer su función de fiscalización, citar a los responsables, requerir informes detallados y revisar si el uso de los fondos públicos se ajustó a la ley. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas está obligada a realizar auditorías especiales e independientes que determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales.
Porque cuando se manejan millones de recursos públicos sin transparencia, sin aval de los órganos competentes y con claros fines políticos, ya no se trata de errores: se trata de posibles delitos que no pueden ni deben quedar en la impunidad.
El deporte guatemalteco no necesita más espectáculos para competir por cuotas de poder regional. Necesita infraestructura, planificación, formación y respeto a la ley. Si el Gobierno central, el Congreso y los entes de control no actúan ahora, serán responsables por omisión. Y el mensaje será devastador: que en Guatemala la corrupción puede correr libremente, incluso en la pista donde compiten quienes aún creen en el esfuerzo y el juego limpio.
