Los descansos largos de fin de año suelen ser un momento para bajar el corre del diario vivir, reflexionar y tomar distancia de la coyuntura social y política. Pero en la política guatemalteca hay quienes no descansan. No porque estén pensando en el país ni en mejorar sus propuestas, sino porque siguen adelantándose, torciendo la ley y normalizando la trampa como método para alcanzar el poder.
Basta con abrir las redes sociales para comprobar lo que escribo. Políticos- y, sobre todo, politiqueros- han encontrado en estas plataformas el disfraz perfecto para hacer campaña anticipada sin decirlo abiertamente. Publicaciones supuestamente institucionales, videos “informativos”, transmisiones cuidadosamente producidas y mensajes emocionales que no buscan rendir cuentas, sino construir imagen y posicionarse electoralmente antes de tiempo. Lo que hacen es regalar comida, dar regalos de “paca” o bien cualquier cosa para comprar voluntades electorales.
No nos dejemos engañar, eso tiene nombre y apellido: “campaña anticipada”. Aunque la vistan de informe, de ayuda social o de cercanía con la gente. Y resulta aún más grave cuando esta práctica se repite entre varios alcaldes que utilizan recursos públicos, cuentas oficiales y una narrativa “barata” para promoverse. Algunos han ido más lejos, difundiendo contenido burdo, vulgar y ofensivo, más cercano a la manipulación fácil que a un ejercicio responsable de comunicación política. Difícilmente ese comportamiento refleja a personas probas, con la estatura ética necesaria para aspirar a un cargo público.
El problema no es solo moral; es legal. La Ley Electoral y de Partidos Políticos es clara, pero de poco sirve si la institución llamada a hacerla cumplir decide mirar hacia otro lado y se vuelve complaciente. El Tribunal Supremo Electoral no puede seguir actuando como un espectador incómodo en una contienda claramente desleal. Su rol no es explicar la ley, sino aplicarla poniendo en su lugar a los infractores de la norma electoral.
Si le hicieron un llamado al patojo de San José Pinula, llamado “El Jhony”, porque no tocan a otros que actúan con la misma fachada de promocionarse amparados en una imagen de “buena gente”, porque lo que te regalan, tarde y temprano te lo cobran. Y los “politiqueros” le pasan la factura al pueblo cuando se quedan con el dinero de los impuestos.
Además, el contexto cambió. Hoy la campaña no se libra únicamente en mítines, vallas o afiches; se desarrolla, principalmente, en Facebook, TikTok, X e Instagram. Ignorar esa realidad es permitir que la ley sea burlada con creatividad digital muy pobre. El TSE tiene la obligación de fiscalizar de oficio, sancionar con firmeza y dejar claro que las redes sociales no son un territorio sin reglas. Las sanciones no pueden ser simbólicas ni tardías, porque cuando llegan tarde ya cumplieron su propósito electoral.
Lo que está en juego es más que una elección. El mensaje que se envía al tolerar estos abusos es peligroso, porque gana el que grita más, el que se adelanta, el que vulgariza el discurso y el que asume que la ley es negociable. Así se degrada la política y se normaliza la ilegalidad como estrategia.
Como ciudadano, no puedo evitar hacerme, y hacerle al lector, una pregunta incómoda del que pasará si hoy incumplen la ley electoral sin consecuencia alguna, porque cuando no son “politiqueros” del agrado de los magistrados electoral entonces si actúan, pero si son los que les recomiendan no tocar, entonces el peso de la ley se desvanece. La trampa temprana no augura buen gobierno; anuncia problemas mayores y la reputación del TSE entra en entre dicho, para que cuando se lleguen las elecciones del 2027 cualquiera pueda desmeritar el trabajo realizado.
Desde esta columna en Diario La Hora, lo afirmo sin rodeos, sin medias tintas que la democracia no se defiende con tolerancia ni con silencios estratégicos, se defiende con autoridad. Y la autoridad que no se ejerce, se pierde. El TSE todavía está a tiempo de marcar un límite claro. Si no lo hace ahora, cuando la trampa empieza antes de llegar al poder, mañana ya será demasiado tarde para exigir respeto a la ley. Porque un país que permite que la ilegalidad sea la antesala del poder termina pagando el precio, siempre, entre todos.
El Tribunal Supremo Electoral debe entender que su autoridad se mide por su capacidad de sancionar, no por la cantidad de comunicados que emite. Si quiere frenar el abuso de los “politiqueros” que han convertido las redes sociales en una fachada para hacerse pasar por los líderes que el país necesita, debe aplicar sanciones reales, imponer multas que no sean simbólicas, retiro inmediato de la propaganda digital disfrazada y consecuencias que lleguen hasta la pérdida de privilegios y la inhabilitación electoral para quienes reinciden. Solo así se detiene el irrespeto sistemático a la ley.
Seguir tolerando este comportamiento equivale a avalarlo, porque la omisión también es un delito. Más aún cuando muchos de esos contenidos son burdos, vulgares y de contenido de “miseria”, diseñados no para elevar el debate público ni rendir cuentas, sino para manipular emociones y construir una imagen falsa de liderazgo. Quien necesita degradar el discurso para ganar visibilidad demuestra, desde ya, que no tiene la estatura ética ni el compromiso democrático que exige un cargo público.
La ley no puede ser flexible con quienes la desprecian. El TSE todavía está a tiempo de marcar un límite claro. Si no lo hace ahora, cuando la trampa empieza antes de llegar al poder, mañana ya no habrá autoridad moral para exigir respeto a la Constitución ni a las leyes cuando esos mismos personajes estén gobernando. Porque la democracia se defiende con hechos, no con tolerancia.
