En las calles de Guatemala, el caos tiene nombre, apellido y rostro. Es el del motorista que zigzaguea entre vehículos, ignora la luz roja, invade carriles contrarios y rebasa por la derecha como si la Ley de Tránsito fuera una caricatura mal hecha. Esta conducta no es anecdótica ni aislada; es sistemática, cotidiana y alarmante.
Pero el problema no se limita al comportamiento individual. En el corazón del desorden está la corrupción institucional que permite que miles de motoristas obtengan su licencia sin cumplir los requisitos legales. En los Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos Especiales (CECOVES), se ha documentado el pago de Q1,200 para evitar los exámenes obligatorios.
El trámite, que debería garantizar competencia y responsabilidad, se convierte en una transacción informal que burla el sistema jurídico y pone en riesgo la vida de todos. Lo peor de todo esto, es que los CECOVE fueron otorgados a las Academias de ex directores del Departamento de Tránsito y candidatos a diputaciones, quienes en teoría deberían ser personas probas, pero como priva más el interés económico, nos han dejado en este caos vial.
La figura de Maycon, la entidad que extiende los documentos sin verificación técnica, se ha quedado sin el procedimiento de verificación de una red de negligencia y privilegio que vende los exámenes que recibe para extender las licencias.
Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), hay registradas más de tres millones de motocicletas en el país. Sin embargo, Maycon ha extendido apenas un millón doscientas mil licencias. Esto significa que más de la mitad de los motoristas circulan sin haber realizado los exámenes correspondientes, ignorando la ley que les prohíbe exactamente lo que hacen cada día, que es invadir carriles, cruzar semáforos en rojo, viajar contra la vía, sobre las banquetas y poner en riesgo a peatones y conductores.
Ayer observé cómo un conductor de motocicleta, se baja de la misma, y con el dispositivo protector rompe el retrovisor de una camioneta SUV, de color corinto, para reclamarle porque se estaba cambiando de carril y de seguro el susodicho, quien viajaba en carril imaginario se enfureció gritándole a la dueña del automotor. Este tipo de casos se ven en todos lados y a todas horas, incluso los conductores de vehículos de dos ruedas yéndose contra la razón.
Pero en fin, ante esta situación, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) no puede seguir actuando como espectador. Debe intervenir directamente en los CECOVES, auditar sus procesos, desarticular las redes de cobros ilegales y garantizar que cada licencia emitida responda a una evaluación real. La ley le otorga facultades para fiscalizar, pero la voluntad política y operativa ha sido débil frente a una problemática que ya es estructural.
Además, es urgente reformar la Ley de Tránsito para que las Policías Municipales de Tránsito (PMT) puedan ejercer su función con mayor eficacia. Hoy, muchas PMT están atadas por vacíos legales o limitaciones normativas que les impiden actuar frente a infracciones graves. La reforma debe incluir atribuciones claras, protocolos de coordinación con la PNC y mecanismos de sanción que no dependan de interpretaciones arbitrarias.
El país necesita también un Observatorio Nacional de Tránsito que no solo recopile estadísticas, sino que analice tendencias, identifique zonas de riesgo, evalúe el cumplimiento normativo y proponga políticas públicas basadas en evidencia. Sin datos confiables y análisis técnico, toda reforma será superficial.
Y mientras las instituciones fallan, las víctimas se multiplican. Esta semana, un joven fue embestido tres veces por un vehículo en zona 9. Perdió una pierna. Su caso no es solo una tragedia personal, sino un reflejo brutal de lo que ocurre cuando la ley se ignora y la impunidad se normaliza. Desde esta columna, me solidarizo con él y su familia, reconociendo el dolor que representa vivir en un país donde la violencia vial se ha vuelto cotidiana.
La Ley de Tránsito no es un capricho burocrático; es un pacto social que busca protegernos. Cuando se permite que motoristas circulen en el tercer carril, crucen semáforos en rojo o viajen contra la vía, se rompe ese pacto. Y cuando el Estado tolera que se compren licencias sin examen, se institucionaliza la impunidad.
Urge una revisión profunda del sistema de licencias, una fiscalización real de los CECOVES, una reforma legal que empodere a las PMT y un observatorio que nos permita ver más allá del accidente, que logremos ver las causas, las responsabilidades y las soluciones. Porque cada víctima merece justicia, y cada ciudadano merece transitar con seguridad vial.
