En Guatemala, el deporte federado ha sido secuestrado por una estructura de poder que opera bajo el disfraz de la autonomía. Lo que debería ser un sistema orientado al desarrollo físico, la competencia sana y la representación nacional, se ha convertido en un aparato de control político y económico, blindado por una Ley del Deporte que ha sido instrumentalizada para garantizar impunidad y perpetuación en el poder.
El Comité Olímpico Guatemalteco (COG), lidera lo que bien podría llamarse la clica del deporte: una red de dirigentes afines que controla las 47 federaciones y asociaciones deportivas del país. Esta red ha logrado colocar las piezas necesarias para que una Asamblea de Dirigentes, cuidadosamente seleccionada, decida mediante votaciones quién dirige el COG y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), entidades que manejan más de dos mil millones de quetzales.
Pero el control no termina ahí. La cooptación se extiende a los órganos que deberían garantizar la transparencia electoral y ética del sistema: el Tribunal Electoral del Deporte Federado (TEDEFE) y el Tribunal de Honor, donde también han sido designados “alfiles” que trabajan para los dirigentes que se han mantenido en el poder.
El Tribunal del Deporte Federado. TEDEFE, encargado de convocar elecciones, fue la primera víctima. Su dependencia directa de la CDAG permitió su asfixia financiera, el despido de sus trabajadores y su posterior reconstrucción al tamaño de los intereses de los dirigentes que quieren perpetuarse en el mando.
Hoy, el TEDEFE no garantiza elecciones limpias, sino que las manipula. Las convocatorias no se publican oportunamente, los requisitos se entregan tarde, y los plazos se diseñan para descalificar a quienes no forman parte del círculo oficialista. Su propósito ha mutado: ya no organiza elecciones, las sabotea.
Algo que se vive en este momento. Recién terminó la inscripción para planillas para la CDAG y por arte de magia volvió a presentarse la descalificación. En esta oportunidad el sistema de recepción de papelería no funcionó y los aspirantes a participar no pudieron subir la documentación, violando el derecho de elegir y ser electo. El elegido ya está listo desde el pasado 25 de junio cuando sacó su finiquito, en unos días saldrá a luz el nombre del “susodicho”.
El Tribunal de Honor, o Comisión de Ética, fue igualmente intervenido. Gerardo Aguirre Oestmann reemplazó a todos sus miembros por personas allegadas a su “clica deportiva”. Este órgano, que debería sancionar faltas con imparcialidad, ahora registra sanciones estratégicas contra deportistas y dirigentes justo en los periodos electorales, descalificándolos de participar.
Con el TEDEFE y el Tribunal de Honor bajo control, cada elección en asociaciones, federaciones y órganos rectores está predeterminada. Se sabe de antemano quién puede participar y quién será electo. Aunque existen casos aislados de resistencia que logran vencer esta estructura, son excepciones entre las 47 organizaciones que conforman la Asamblea General del Deporte Federado que administran más de dos mil millones de quetzales en recursos públicos.
El año 2023 debía marcar la entrega de cargos del periodo 2019–2023. La Ley del Deporte establece ciclos de cuatro años con derecho a reelección, garantizando alternancia y renovación. Pero eso no ocurrió y siguen en los puestos como interinos. El nuevo TEDEFE, bajo el pretexto de modificar su reglamento, no convocó a elecciones. Así se consolidó la manipulación más grande del sistema deportivo nacional.
Hoy, el deporte federado está dividido en tres grupos ilegítimos: presidentes interinos, que son dirigentes que no entregaron el cargo y llevan dos años en funciones, violando la ley. También fueron creadas comisiones interventoras impuestas por la CDAG para castigar la disidencia, pero lo más delicado es que las Juntas Directivas de las entidades deportivas modificaron el Decreto 76-97 y crearon a su medida los suyos para reelegirse, un proceso que solamente puede ser hecho por el Organismo Legislativo, que es el ente del Estado para crear y cambiar leyes.
La autonomía institucional, que debería proteger la independencia del deporte, ha sido convertida en escudo de impunidad. En más de dos décadas, esta estructura ha manejado más de 16 mil millones de quetzales. Esto no es el amor al deporte lo que los mueve, sino el acceso a los beneficios económicos que giran en torno a él porque tienen viajes, hoteles cinco estrellas, viandas y viáticos que les permite tener un “estilo de vida”.
Y en medio de esta maquinaria, ¿dónde queda el atleta? ¿Cómo han sido invertidos los impuestos que recibe la CDAG y el COG? El deporte federado, en su estado actual, no es más que una extensión del modelo clientelar que corroe otras instituciones del Estado. Mientras no se reforme la Ley del Deporte para devolverle al sistema su vocación pública, seguiremos viendo cómo se castiga la independencia y se premia la obediencia. El deporte federado no está en crisis, fue secuestrado.
