La reciente adquisición de 10 mil pistolas Pietro Beretta por parte del Ministerio de Gobernación, adjudicada por Q84 millones a la empresa Mundo de las Armas, ha encendido una alarma que va más allá del conflicto de interés. Lo que está en juego no es solo la transparencia del proceso, sino la idoneidad del armamento destinado a la Policía Nacional Civil (PNC), una institución que requiere herramientas confiables para ejercer la fuerza pública con afectividad.
Las pistolas Beretta, particularmente el modelo 92FS, han sido utilizadas por fuerzas militares en distintos países, incluyendo el ejército estadounidense. Sin embargo, su uso en cuerpos civiles de seguridad ha sido objeto de debate. Diversos informes técnicos y experiencias operativas han señalado que estas armas, aunque robustas, presentan limitaciones en contextos de patrullaje urbano y control de disturbios, donde la precisión, ergonomía y facilidad de manejo son esenciales.
En Guatemala, la estandarización de las Beretta en la PNC se remonta a 2015, pero eso no las convierte en la mejor opción. ¿Por qué insistir en un modelo que ha sido cuestionado por su peso, retroceso y complejidad mecánica? ¿Por qué aplicar la figura de “proveedor único” cuando existen otras marcas con mejor desempeño en entornos civiles?
La respuesta parece estar más cerca de los vínculos familiares que de los criterios técnicos. La empresa oferente es representada por familiares de la ministra de Cultura y Deportes, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso. Aunque el ministro Francisco Jiménez ha solicitado una prórroga para responder a las observaciones de la Contraloría General de Cuentas, el hecho de que no se descarte la suspensión de la compra revela que no todo está bien.
La seguridad pública no puede depender de decisiones apresuradas ni de adquisiciones que prioricen intereses privados sobre el bienestar social. Dotar a la PNC de armas que no cumplen con estándares óptimos para el uso civil es una forma de comprometer su operatividad y, peor aún, de poner en riesgo a la ciudadanía.
Este caso exige más que una evaluación administrativa, requiere una revisión profunda de la política de Estado para la definición del armamento de las fuerzas de Seguridad Civil y el modelo de compra, donde la transparencia, la idoneidad técnica y el interés público deben ser los únicos criterios válidos. De lo contrario, seguiremos armando a nuestras fuerzas con decisiones que dejan más dudas que aciertos.
La compra de las pistolas Pietro Beretta por parte del Ministerio de Gobernación no solo plantea dudas sobre la transparencia del proceso, sino que evidencia una falla en la forma en que el Estado define la idoneidad del equipo policial. Si se persiste en dotar a la PNC con armamento cuestionado por su desempeño en contextos civiles, el mensaje institucional no es bueno y caemos en los errores de la “vieja política”.
Cada compra que prioriza el interés privado sobre la seguridad pública es una sentencia silenciosa contra quienes deben enfrentar, con herramientas deficientes, los riesgos diarios de enfrentar a los delincuentes. Se ha documentado que más de 28 efectivos policiales han muerto porque se les ha encasquillado su arma de equipo, cuántos más han caído y no lo sabemos.
Hasta ahora, no hay registros públicos que documenten cuántos agentes han fallecido específicamente por encasquillamiento de su arma de equipo. Este tipo de información está en manos de unidades internas de balística o en informes confidenciales de la PNC. Sin embargo, los señalamientos técnicos y los antecedentes de uso en operativos letales sí permiten cuestionar su idoneidad para tareas de patrullaje urbano y control civil.
El policía que cae en cumplimiento del deber no lo hace por falta de valor, sino por falta de respaldo del Estado. Lucrar con la vida de estos agentes mediante compras opacas y armamento obsoleto es una forma de violencia institucional que debemos denunciar. Guatemala necesita una policía equipada con lo mejor, no se debe permitir que la seguridad pública se convierta en un negocio donde el precio lo paga quien defiende a los demás.
La figura de “proveedor único”, amparada en legislación, no debe servir como excusa para evadir una evaluación seria sobre la idoneidad del equipo adquirido. Y mucho menos cuando existe evidencia de que el modelo seleccionado —en este caso, las Pietro Beretta— ha generado críticas en el pasado. Persistir en una decisión cuestionada, aun cuando se han elevado alertas técnicas y éticas, es cruzar una línea muy delicada entre lo institucional y lo irresponsable.
