La reciente expulsión de cuatro jueces del Organismo Judicial (OJ) por su mal accionar profesional, resoluciones arbitrarias, abuso de autoridad, actos deshonestos, falta a la ética y presuntos nexos con la corrupción, expone una crisis profunda en el sistema judicial de Guatemala.
Estos casos no son casos aislados, sino síntomas de un mal estructural que erosiona la confianza ciudadana y perpetúa la impunidad. En un país que lucha contra la desigualdad y la violencia, la necesidad de jueces probos, ecuánimes y con alta calidad humana no es solo un ideal, sino una exigencia urgente para rescatar la justicia y devolver el propósito que es servir a la ciudadanía.
El pasado 10 de febrero, la Supervisión General de Tribunales inició un proceso administrativo en contra de cuatro jueces de Cobán, Alta Verapaz, a quienes señalan de cometer actos deshonestos, faltas éticas y acciones no acordes a su función. Pero fue hasta hace dos días que se conoció el resultado de esta acción estatal que trata de limpiar los tribunales de los denominados miembros del “Cártel de la Toga”.
La investigación administrativa en contra de los jueces inició tras una denuncia presentada en 2023, en la que indicaba que los juzgadores consumían bebidas alcohólicas en horario laboral, además porque una menor se encontraba viviendo en el interior del juzgado.
La probidad es la piedra angular de un juez digno. Los jueces expulsados, según reportes del OJ, traicionaron este principio al anteponer intereses personales o externos a la aplicación de la ley. En un contexto donde la corrupción permea las instituciones, como lo demuestra la persistente percepción de Guatemala como uno de los países más corruptos de Latinoamérica, un juez probo es una luz de esperanza.
Sin embargo, cuando un juez sucumbe a presiones políticas o económicas, el daño que causa a la población es inmenso. Según las estadísticas la mora judicial es grande y a miles de familias guatemaltecas, cuyos casos quedan sin resolver, dejando a niños y madres en la indefensión. La probidad debe ser una norma; es la garantía de que la justicia no se vende al mejor postor.
La ecuanimidad, por su parte, es el corazón de una sentencia justa. Un juez ecuánime actúa con imparcialidad, sin dejarse influir por prejuicios o favoritismos. Los jueces expulsados fallaron profesionalmente en este aspecto, emitiendo fallos que ignoraron los derechos de los más vulnerables o favorecieron a los poderosos.
En un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de la población y los problemas como la violencia intrafamiliar son endémicos, la falta de ecuanimidad agrava la exclusión.
Por ejemplo, el incumplimiento de pensiones alimenticias, un problema que satura los tribunales según el OJ, a menudo queda en el limbo por resoluciones sesgadas o negligentes. Un juez ecuánime asegura que la ley sea un escudo para todos, no un privilegio para unos pocos.
Pero más allá de la probidad y la ecuanimidad, la calidad humana de un juez es lo que da vida a la justicia. Un juez con empatía no solo aplica la ley, sino que comprende el impacto de sus decisiones en la sociedad. El problema en este momento es donde encontrar un perfil con este tipo de calidades y cualidades.
En Guatemala, donde miles de familias enfrentan el abandono o la violencia, un juez humano puede marcar la diferencia entre perpetuar el sufrimiento o abrir un camino hacia la reparación digna. Los jueces expulsados no solo carecieron de integridad, sino también de la sensibilidad para entender el dolor de las víctimas, desde madres solteras luchando por sustento hasta menores atrapados en ciclos de pobreza.
Pero como no todo está infectado, la expulsión de estos cuatro jueces es un avance, pero no basta solamente con eso. El sistema judicial guatemalteco está herido por una selección deficiente de magistrados, la falta de mecanismos efectivos de fiscalización y la vulnerabilidad a presiones externas, pero sobre todo la independencia, que es mal interpretada para solapar fechorías.
Para sanar este sistema, Guatemala debe apostar por un cambio radical: procesos transparentes y rigurosos para elegir jueces, formación continua en ética y sensibilidad social, y sanciones ejemplares para quienes traicionen su mandato. Los jueces deben ser un reflejo de los valores que el país necesita: integridad, imparcialidad y humanidad. Solo así la justicia dejará de ser una promesa vacía y se convertirá en un pilar de esperanza para los guatemaltecos.
