En un país donde la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades laborales son una constante para millones de personas, el sicariato se ha convertido, para algunos, en una salida desesperada para poder llevar comida a la mesa de la casa.
No es solo un acto criminal, sino un síntoma de un sistema fallido, donde la ausencia de empleo digno y la impunidad reinante han creado un caldo de cultivo para que esta práctica aberrante sea vista como un medio de sustento para familias atrapadas en la miseria.
¿Cómo hemos llegado a este punto? La respuesta es simple, la inacción de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, ha permitiendo que los delincuentes operen sin temor a las consecuencias porque no hay castigos ejemplares. Y si a todo esto le sumamos que los encargados de hacer las leyes se mantienen empecinados en pugnas de poder, no podemos esperar un verdadero cambio.
Esto no justifica el acto criminal que cometen los malhechores, pero sí nos obliga a preguntarnos: ¿qué opciones reales tienen estas personas en un sistema que les ha fallado en todos los niveles? Donde los corruptos son liberados y los inocentes son condenados como vulgares delincuentes.
Los diputados al ver este panorama sombrío, en vez de sentarse a trabajar para hacer leyes ejemplares que disuadan a las personas a seguir estos pasos torcidos, prefieren seguir en sus luchas políticas o bien tratando de ver cómo se convierten, cada cuatro años, en los nuevos ricos de este país.
La falta de oportunidades laborales es una realidad innegable y la mayoría de guatemaltecos lo sabemos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo y subempleo afecta a más del 50 por ciento de la población económicamente activa, especialmente a jóvenes y personas en áreas rurales.
En un país donde la pobreza extrema golpea al 20 por ciento de los hogares, y donde la desigualdad histórica ha marginado a comunidades enteras, especialmente a la población indígena, la desesperación lleva a decisiones extremas como involucrarse en actos reñidos con la ley.
Para muchos, el sicariato no es una elección del deseo de delinquir, sino una respuesta a la ausencia de oportunidades: sin educación de calidad, sin empleos formales, sin un futuro visible, sin valores morales. En cambio, podemos ver cómo el crimen organizado si ofrece una vía rápida para obtener dinero fácil, aunque por más inmoral y peligrosa que sea la situación lo toman con los ojos cerrados.
Este fenómeno no puede entenderse sin señalar la complicidad de un sistema de justicia fallido. Las instituciones encargadas de garantizar la persecución penal, han mostrado una incapacidad alarmante para combatir el crimen organizado de manera efectiva. Esto no lo digo yo, lo dicen los índices delincuenciales que son alarmantes y que revelan que más del 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver.
Esta falta de capacidad para combatir la delincuencia envía un mensaje negativo, pero claro a los delincuentes: En Guatemala, “el crimen paga”. Los sicarios, contratados para asesinatos a sueldo, operan en un entorno donde la probabilidad de ser capturados, procesados y condenados es mínima, lo cual incentiva a meterse a este “trabajo”, porque no hay otro.
El resultado es una sociedad atrapada en un círculo vicioso. La impunidad fomenta el crimen, y el crimen, a su vez, perpetúa la inseguridad y la desconfianza en las instituciones que tienen deteriorada su credibilidad y reputación. En síntesis, una total ingobernabilidad.
Es hora de que Guatemala enfrente esta crisis con seriedad. El gobierno debe priorizar la generación de empleo, especialmente para los jóvenes, a través de políticas que fomenten la inversión, la educación y el desarrollo en las zonas más vulnerables.
Las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público necesitan una reforma profunda y que sus directores tengan un compromiso social y no político, necesitan más recursos, mejor capacitación, y un compromiso real con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Solo rompiendo este ciclo de abandono y permisividad podremos evitar que el sicariato, y el crimen en general, sigan siendo una opción de vida para quienes no tienen nada más en su futuro cercano.
Las próximas generaciones merecen poder optar a un trabajo digno, y no que la violencia, sea herramienta para llevar el sustento a sus familias. Pero ese futuro no llegará mientras las instituciones sigan dando la espalda a la sociedad. La pregunta no es solo por qué el sicariato se ha convertido en un modo de vida, sino cuánto tiempo más permitiremos que lo siga siendo.
