La administración de justicia atraviesa una crisis profunda, marcada por la cooptación de las instituciones del ordenamiento jurídico guatemalteco. Los tribunales y el Ministerio Público (MP) han perdido credibilidad y por ende la reputación por el actuar de algunos jueces o fiscales que ha dado lugar a un término que resuena en el imaginario colectivo: el “cártel de la toga”.
Esta expresión, acuñada para describir a jueces, magistrados y fiscales que operan al servicio de intereses oscuros, ha dejado de ser un pilar de la democracia y se ha convertido en un instrumento de poder para fomentar la impunidad que los ha convertido en los mercaderes de la justicia.
El “cártel de la toga” no es una metáfora. Publicaciones en medios de comunicación y redes sociales evidencian cómo operadores de “politiqueros”, empresarios y figuras ligadas al crimen organizado manipulan el sistema judicial. Esta desconfianza se agrava cuando vemos que el Ministerio Público ha perdido la credibilidad y muchas personas critican el actuar de varios fiscales que dejan mucho que desear con sus actuaciones y formas de proyectarse públicamente.
Los tribunales y la CSJ, por su parte, enfrentan una crisis de legitimidad. Las consecuencias son devastadoras porque el “cártel de la toga” no solo perpetúa la corrupción y la impunidad, sino que destruye la confianza ciudadana. Cuando los guatemaltecos ven que los corruptos evaden la justicia, se pierde la esperanza en la justicia y profundiza la impunidad que hemos vivido en los últimos tres gobiernos.
La cooptación imperante debilita la democracia al eliminar los contrapesos necesarios para frenar el abuso de poder. Sin una justicia independiente, no hay garantía de derechos ni libertades. Combatir este cártel exige medidas urgentes como reformar los procesos de selección de los operadores de justicia, para que garantice transparencia y meritocracia con el fin de fortalecer la independencia del MP y los tribunales.
Guatemala no puede permitirse que su justicia siga siendo un botín político, es hora de recuperar la imagen de la toga como sinónimo de conducta intachable. El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) tiene la responsabilidad de sancionar a quienes, bajo la toga, traicionan la ética profesional y tienen que actuar con todo el rigor que el momento amerita.
La toga, como emblema de la justicia, debería encarnar valores de imparcialidad, integridad y servicio al bien común en una democracia. Sin embargo, la cooptación del sistema judicial ha empañado su significado, convirtiéndola en un símbolo de complicidad por lo que urge redefinir la imagen que la toga debe proyectar para restaurar la confianza ciudadana y fortalecer la gobernanza democrática.
Ante este contexto el CANG tiene que asumir la función de velar por la ética profesional de los abogados, sancionando conductas que violen el Código de Ética Profesional. Esto porque muchos de los actores señalados son abogados, magistrados, jueces, fiscales, por lo que el colegio profesional es el instrumento perfecto para combatir la corrupción judicial al investigar y sancionar a profesionales que manipulan el sistema para fines personales o ilícitos.
Sin embargo, la intervención del Tribunal de Honor enfrenta limitaciones significativas. Su alcance está restringido a los colegiados del CANG, y aunque puede imponer sanciones como suspensiones o expulsiones, estas no siempre tienen un impacto directo en las dinámicas de poder dentro del sistema judicial.
El propio CANG ha sido criticado por su opacidad y por estar influenciado por las mismas redes que controlan la justicia. Pero es un momento importante para que se empiece a desmantelar este entramado y fortalecer la gobernanza democrática, pero para lograr este objetivo debe haber independencia para que se emitan sanciones ejemplares.
Solamente así se podrá imponer un alto al mal proceder de algunos operadores y abogados que participen en prácticas corruptas, como la manipulación de procesos judiciales, desincentivaría estas conductas que son conocidas por la opinión pública guatemalteca.
Sin embargo, sin reformas profundas y un compromiso real del CANG, el Tribunal de Honor corre el riesgo de ser un espectador más en una democracia que se desmorona porque se ha utilizado una estrategia denominada la «guerra de recursos judiciales» o «lawfare», un término que se refiere a la utilización de recursos legales y judiciales como una forma de intimidar y acallar a los opositores políticos.
