El reciente incremento salarial de los diputados guatemaltecos ha generado una ola de críticas y descontento entre la población. Este aumento, que eleva el salario base de los diputados de Q29 mil 150 a Q46 mil 700 mensuales, ha sido visto como una medida injustificada y carente de respaldo técnico.
En un país donde la desigualdad y la pobreza son problemas persistentes, resulta difícil justificar un incremento salarial del 60 por ciento para los legisladores, pero sobre todo cuando la Corte de Constitucionalidad en una resolución resaltó que debía ser aprobado por el pleno del Congreso con el respaldo del estudio técnico, lo cual no sucedió.
Los legisladores compararon su incremento salarial con el de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Argumentaron que sus salarios debían ser equiparados a los de los magistrados para reflejar la importancia y responsabilidad de sus cargos, pero carentes de las calidades profesionales.
Los magistrados de la CC y la CSJ son seleccionados a través de un proceso riguroso que incluye evaluaciones de desempeño, experiencia profesional y estudios adicionales. En cambio, los diputados no pasan por un proceso de selección tan exhaustivo y no son evaluados de la misma manera, muchos de ellos no tienen un título universitario.
Además, el trabajo de los magistrados puede ser cuantificado y evaluado de manera más objetiva, mientras que el desempeño de los diputados es más difícil de medir. Esto ha llevado a cuestionar la justificación del aumento salarial para los legisladores y se han empezado a escuchar tambores de guerra, para revertir el incremento salarial.
Para ganarse el respeto y la confianza de la ciudadanía, los diputados deben demostrar que este aumento salarial está justificado a través de su trabajo legislativo. Es imperativo que se enfoquen en la creación de leyes que promuevan el desarrollo social y económico del país.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que mejoren la educación, la salud y la infraestructura, así como la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Algo que se ve muy lejos porque muchos congresistas están en sus curules para lograr beneficios personales y oscuros con el otorgamiento de proyectos, de los cuales reciben coimas para llenarse los bolsillos.
La ciudadanía espera que sus representantes trabajen de manera eficiente y efectiva para abordar los problemas y necesidades del país. Es fundamental que los diputados demuestren su compromiso con el desarrollo social y económico de Guatemala a través de la creación y aprobación de leyes que beneficien a la población.
Además, tres instituciones sociales de fiscalización y monitoreo legislativo han concluido que no hay argumentos técnicos para justificar el aumento. Es preocupante ver que en el primer año de la X Legislatura se aprobaron solo 36 leyes y en el segundo año, hasta ahora, solo se han aprobado dos decretos.
Esto refleja una falta de productividad y compromiso por parte de los diputados, especialmente considerando el reciente incremento salarial que se han otorgado. Esto nos demuestra que nos quieren ver la cara de tontos y eso no se debe permitir.
La situación actual ha llevado a diversos grupos sociales a manifestarse en contra del aumento salarial de los congresistas. Estas protestas nos recuerdan eventos pasados, como las manifestaciones de 1993, cuando se llevó a cabo una depuración de los congresistas por su ineficiencia y se hizo una campaña que se denominó “Los depurables”.
La historia parece repetirse, y la ciudadanía guatemalteca sigue demandando transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso con el desarrollo social y económico del país. Es fundamental que los diputados escuchen las voces de la población y trabajen en beneficio de todos los guatemaltecos.
La falta de compromiso de algunos diputados, que no asisten a trabajar y solo cobran su cheque a fin de mes, es una de las razones por las que la ciudadanía está tan descontenta. Este comportamiento no solo es una falta de respeto hacia los votantes, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas.
La ciudadanía tiene el derecho de exigir que sus representantes trabajen de manera eficiente y efectiva para abordar los problemas y necesidades del país. Solo a través de un compromiso genuino con el bienestar de la población podrán recuperar la confianza en el trabajo legislativo porque los vemos como los mismos “politiqueros” de siempre.
