A lo largo de la historia, hemos visto una y otra vez que la democracia auténtica depende, en gran medida, de un sólido sistema de pesos y contrapesos que garantice la correcta y precisa aplicación de las leyes vigentes. Este principio fundamental no solo evita abusos de poder, sino que también asegura que las instituciones actúen en beneficio de todos los ciudadanos.
La esencia de los pesos y contrapesos radica en la verdadera división de poderes. Este concepto, introducido por Montesquieu en el siglo XVIII, busca evitar la concentración del poder en un solo organismo del Estado. Así, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben operar de manera independiente, pero interconectada, revisándose y equilibrándose mutuamente, lo cual conlleva a una buena gobernanza.
El enfoque de gobernanza pública hay que entenderlo, porque esta implica que ya no es el Estado el único actor encargado de dirigir y de solucionar los problemas públicos presentes en la sociedad, sino que es una responsabilidad compartida con organizaciones privadas y de la sociedad civil. Algo que se ha perdido en este país, donde abundan los intereses particulares y no los colectivos.
El concepto de gobernanza puede aplicarse a entidades sociales, políticas o económicas (grupos de individuos que participan en alguna actividad con un propósito) como un estado y su gobierno (administración pública), un territorio gobernado, una sociedad, una comunidad, un grupo social (como una tribu o una familia), una organización formal o informal.
En una democracia efectiva, el poder Ejecutivo no puede actuar arbitrariamente sin el control del poder Legislativo, que representa la voluntad del pueblo a través de los mal llamados “padres de la patria”. A su vez, el poder Judicial tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar la ley de manera imparcial, protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos.
La correcta y precisa aplicación de la ley es crucial para que estos mecanismos funcionen. Una justicia bien administrada, transparente e independiente es la piedra angular que sostiene la confianza pública en las instituciones democráticas. Cuando la ley se aplica de manera equitativa, sin favoritismos ni prejuicios, se fortalece la sociedad y se promueve un ambiente de estabilidad y paz que motiva a que se invierta en nuestra economía.
No obstante, la efectividad de un sistema de justicia no está garantizada por sí sola, tiene que darse participación de todos. Requiere de una ciudadanía vigilante y comprometida, dispuesta a exigir rendición de cuentas y a participar activamente en la vida política. La democracia no es un estado estático, sino un proceso dinámico que debe ser nutrido y defendido constantemente.
Pero si uno de estos engranajes falla, entonces se vienen los problemas y es por eso que un grupo de politiqueros han “secuestrado” algunas instituciones para intereses personales y del grupo de “amigos” con lo que se garantizan impunidad. Lo primero que los “politiqueros” han buscado controlar es el sistema de justicia, porque es la pieza fundamental para evitar ser perseguidos en sus fechorías.
Ahora bien, si existe un sistema de justicia independiente y objetivo, se convierte en la principal “muralla” para evitar que se trate de abusar desde cualquier punto de vista que lo veamos de las mieles del poder. Y por ello es que una mente “maquiavélica” formó un juego de ajedrez para tomar el control de la administración de justicia, lo cual permite que no se vea amenazado su accionar, al mejor estilo de los “dictadorzuelos” que gobiernan en varios países latinoamericanos.
Los “politiqueros” guatemaltecos se han dedicado, desde hace unas tres décadas o más para saquear el erario nacional, se volvieron mercantilistas y solamente ven negocios en la administración pública. Todo lo que hacen es oscuro, tenebroso que permite que, cada cuatro años, se conviertan en los nuevos ricos de este país.
A nivel latinoamericano somos vistos como uno de los seis países más corruptos de la región, lo cual nos pone en el ojo del huracán, ya que nadie quiere venir a invertir en un Estado que no tiene certeza jurídica y sus gobernantes hacen lo que les viene en gana para salir como los más poderosos, económicamente hablando, después de su paso por el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Tenemos que actuar como sociedad y ver nuestras prioridades, pero sobre todo nuestras debilidades, sino hacemos algo no tenemos el derecho de llorar y mucho menos criticar a los que se sientan en cualquier puesto de gobierno y hacen todo lo contrario de lo que esperamos como ciudadanía: ni rendición de cuentas, mucho menos transparencia.
