En un país donde la delincuencia parece ganar terreno diariamente, es imperativo que se pueda contar con una política criminal de Estado robusta y “aceitada”. La lucha contra el crimen no puede ser responsabilidad exclusiva de las fuerzas de seguridad; debe ser un esfuerzo colectivo que involucre a todas las instituciones del Estado.
En Guatemala 140 personas de cada 100 mil se ven afectadas por la violencia común o bien por crimen organizado todos los días, pero lo que más preocupa es que se reciben más de 500 denuncias ciudadanas, por diversos delitos lo cual sobrepasa la capacidad de los administradores de justicia de prestar atención a cada caso, causando con esto una mora judicial que sobrepasa el millón de expedientes sin resolver.
Es crucial que todas las instituciones que se ven involucradas en la administración de justicia, trabajen juntas para establecer lineamientos claros y que elaboren leyes que puedan implementarse de manera efectiva con una coordinación interinstitucional. Solo así podremos mejorar nuestra capacidad para enfrentar y reducir la delincuencia que nos tiene de “rodillas”.
Lamentablemente, hasta la fecha, ninguno de los responsables de la administración de justicia ha logrado implementar una política de esta magnitud y alcance. Es hora de que nuestras autoridades se tomen en serio esta amenaza y comiencen a trabajar en conjunto para crear un marco legal y operativo que verdaderamente haga frente a la criminalidad que campea en un país necesitado de justicia.
Es muy importante comprender qué es una política criminal de Estado. Esta se define como un conjunto de directrices, estrategias y acciones que el Gobierno implementa para prevenir, perseguir y sancionar conductas delictivas. Esta política debe ser integral, coordinada y debe contar con la colaboración de todas las instituciones del Estado para ser efectiva.
Primero tenemos que cambiarle la mentalidad a los que dirigen las entidades que deben de velar por la administración de justicia y cambiarles el “chip” para que dejen de competir entre ellas y sobre todo que se dediquen a trabajar para dejar por un lado la “politiquería”. Los administradores de justicia tienen la función de hacer cumplir las leyes y no politizar su trabajo, deben ser imparciales y justos.
En primer lugar, debe estar al frente el Organismo Judicial trabajando de la mano con el Organismo Legislativo, porque son los entes responsables de la aplicación y creación de leyes respectivamente, que dan las herramientas a las fuerzas de seguridad civil y militares, para que hagan el papel que les corresponde, sobre todo en la prevención y persecución de delitos.
Los jueces y tribunales son los que aplican las leyes vigentes con el trabajo del Ministerio Público, encargado de la investigación, para mantener detrás de las rejas a los responsables de infringir las normas jurídicas. Por eso es importante tener fiscales comprometidos con la verdad y hacer un trabajo profesional que permita hacer justicia.
Otras instituciones que deben involucrarse son del Instituto de Ciencias Forenses, por el manejo de las evidencias, la Defensoría Pública Penal y el Sistema Penitenciario, eslabón que permite la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad.
Igual responsabilidad recae en los Ministerios de Educación y Salud Pública, ambos contribuyen a la prevención del delito a través de programas educativos y de salud pública, pero lamentablemente por el caos institucional en que se encuentran, ni su función cumplen, por los altos niveles de corrupción que se manejan en esas esferas gubernamentales.
Pero en todo este engranaje es primordial la participación de organizaciones de la sociedad civil, quienes deben participar como fiscalizadores de la cosa pública, supervisando la correcta ejecución de los diversos programas de prevención del delito y apoyo a las víctimas.
Es fundamental que estas entidades trabajen de manera coordinada y alineados con objetivos comunes, que permita lograr un impacto significativo en la reducción de la delincuencia, en caso contrario seguiremos sumergidos en la ola de violencia que vivimos y sufrimos los guatemaltecos diariamente.
