La seguridad pública es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de cualquier nación. Es un concepto que abarca todas las medidas y políticas adoptadas por el Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar la convivencia entre los ciudadanos.
No es posible que el gobierno permita que los delincuentes hagan lo que les viene en gana, que salgan de sus casas para delinquir, para extorsionar, para asesinar, para robar, etc… y que no existan sanciones ejemplares que los aperciban para pensar dos veces seguir en lo que hacen. Los sujetos salen a las calles seguros de que, si los atrapan, no les va a pasar nada, porque los jueces por un par de billetes los van a dejar libres. Entonces por eso se animan a seguir haciendo sus fechorías.
En los corrillos de los juzgados se escucha que, si una persona es consignada por portación ilegal de arma de fuego, por Q5 mil le cambian el delito. Esto es vox populi entre el personal de tribunales, todos sacan agua para su molino sin ponerse a pensar que los afectados somos todos, incluso sus familias, porque dejan libres a personas que no tienen escrúpulos y no respetan la vida, mucho menos lo ajeno.
Esto sin mencionar al Congreso de la República, donde lo que menos hacen es cumplir con su función, son los responsables de hacer las leyes, pero lamentablemente solamente unos pocos trabajan. En el recinto parlamentario lo único que vemos son alegatos por cuotas de poder, diputados haciendo “shows”, riéndose y perdiendo el tiempo con interpelaciones disfrazadas de fiscalización. Eso ya no lo queremos, la sociedad pide trabajo y resultados.
Por eso es muy importante poder contar con una política criminal de Estado, bien definida, estructurada y coordinada para que sea efectiva y que todas las instituciones, que administran la justicia estén coordinadas, pero sobre todo que estén en la misma sintonía para aplicar las leyes vigentes.
Pero que entendemos por una política criminal de Estado: es la que tiene como objetivo disminuir los índices de criminalidad y violencia social, mediante la implementación y creación de estrategias de prevención, investigación, sanción y reinserción social que permitan el desarrollo integral”.
Las instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Instituto de Ciencias Forenses, la Defensoría Pública Penal, los juzgados y el Sistema Penitenciario trabajan cada uno por su lado, se ven como competencia y cada entidad se quiere llevar las “palmas” con una captura, con una sentencia, cuando en realidad deberían de trabajar de la mano, porque se deben a la sociedad.
Todos estos funcionarios que he mencionado, deberían de estar preocupados por los índices de violencia y delincuencia que tenemos. Las denuncias diarias sobrepasan el medio centenar de casos y para esclarecer los mismos trabajan, cada 24 horas, unos 4 mil investigadores, quienes no se dan a basto y si a eso le sumamos la burocracia, nos encontramos con una mora judicial difícil de reducir.
Una política criminal de Estado robusta permitiría tener la ruta correcta para proteger a los ciudadanos de diversas amenazas, tales como el crimen organizado, la delincuencia común, el terrorismo. La protección de la vida y la propiedad es fundamental para mantener la confianza en las instituciones y promover un entorno seguro para el desarrollo personal y económico.
Carecemos de una buena oficina de inteligencia civil, no sabemos quién es el enemigo, lo que sí sabemos es que los entes del Estado no tienen trazado el camino para combatir la delincuencia, porque no tenemos un plan, menos un equipo de trabajo. Y si le piden apoyo al Ministerio de la Defensa, todos ponen el grito en el cielo, pero nadie hace nada para corregir la situación.
En Guatemala los funcionarios públicos no llenan los requisitos para ocupar los cargos, la mayoría son colocados por compadrazgos, por deudas políticas, lo cual hace que el Estado guatemalteco no tenga gente calificada, no nos regimos a la Ley de Servicio Civil, un doctor hace las funciones de un ingeniero y un “payaso” la hizo de presidente de la República.
El cumplimiento de la ley y el orden es crucial para mantener la gobernanza y la justicia en la sociedad. Una política de seguridad pública eficaz garantiza que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos y evita la impunidad. Nos asegura gobernabilidad.
Es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de los ciudadanos. Una política criminal de Estado bien planificada y ejecutada demuestra el compromiso de una nación para con el bienestar de su población y su capacidad para enfrentar los desafíos de manera efectiva. Es una inversión que garantiza un entorno seguro y próspero para todos.
Una política criminal de Estado, donde estén todas las instituciones para dar lineamientos de leyes o las que se pueden implementar con la coordinación interinstitucional, para mejorar el combate de la delincuencia es lo que realmente nos hace falta y nadie de los responsables de la administración de justicia lo veo que haga algo… ¿será que no pueden, no saben o no les conviene?
