La corrupción es un cáncer que afecta el desarrollo social, nos quita la oportunidad de tener salud, educación e infraestructura y el deporte recreativo no se queda al margen de este flagelo, lo cual nos tiene considerados como uno de los seis países más “sinvergüenzas” de Latinoamérica. Lo que realmente debería ser una herramienta para el desarrollo físico, mental y social, se ve empañado por prácticas deshonestas que minan la confianza de los participantes y de la comunidad en general.
El deporte recreativo es un espacio donde las personas, especialmente los jóvenes, pueden aprender valores fundamentales como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal. Sin embargo, la corrupción en este ámbito transmite un mensaje nefasto: que el éxito se puede comprar y que las reglas se pueden doblar o romper para beneficio personal.
En los pasados 11 meses el viceministerio del Deporte ha removido del cargo a más de 200 trabajadores, quienes han sido sustituidos por “amigos de confianza” de las actuales autoridades, muchos de ellos que vienen del gobierno anterior. Incluso en los centros y parques deportivos hay familiares del ex ministro Felipe Aguilar, quienes ocupan el cargo sin llenar los requisitos que exige la Ley de Servicio Civil.
Uno de los principales problemas es que un grupo de familias se ha apoderado de las diferentes instituciones deportivas, aglutinadas en el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER), donde en conjunto tienen asignados más de Q1 mil 560 millones 630 mil 689. Una cifra nada despreciable para los que quieren convertirse en los nuevos ricos, porque la mayoría del dinero lo manejan a discreción.
La Dirección General de Educación Física -DIGEF- tiene presupuestados Q536 millones Q117 mil 812; la Confederación Deportiva Autónoma -CDAG- Q644 millones 446 mil 779; el Comité Olímpico Guatemalteco -COG- Q164 millones 098 mil y el Ministerio de Cultura y Deportes -MICUDE- 387 millones 902 mil.
Este dinero que tienen asignadas las entidades deportivas (DIGEF, CDAG, COG y MICUDE), no es invertido en infraestructura y la mayoría se va en artículos de baja o mala calidad, pero sobre todo en salarios del personal que trabaja en las mencionadas instituciones que son vistas como un” botín político”, con personas que no están preparadas académicamente, no respetan los procesos administrativos y no cumplen con los requisitos para ocupar los puestos.
Lo que más nos debería de preocupar es la malversación de fondos que deberían estar destinados a mejorar las instalaciones deportivas y programas de desarrollo, pero al final termina en el bolsillo de los que dirigen los diferentes programas que se realizan por el ente burocrático. El desvío de estos recursos financieros priva a comunidades enteras de infraestructura y el apoyo económico para fomentar el deporte recreativo que pueda contar con instalaciones seguras y adecuadas.
La falta de transparencia en la gestión de las organizaciones deportivas también contribuye a la perpetuación de la corrupción. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas, es fácil que los intereses personales prevalezcan sobre el bien común. Es fundamental que las instituciones deportivas implementen políticas de transparencia y supervisión para garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y que las decisiones se tomen de manera justa y equitativa.
La corrupción en el deporte recreativo no solo afecta a los deportistas y a las organizaciones, sino que tiene un impacto profundo en la sociedad en su conjunto. Al permitir que las prácticas corruptas prosperen, estamos enseñando a las nuevas generaciones que el engaño y la deshonestidad son caminos aceptables para lograr el éxito.
Es importante que todos los actores involucrados en el deporte recreativo, desde los dirigentes hasta los entrenadores y atletas, se comprometan a erradicar la corrupción. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido podemos restaurar la integridad del deporte y asegurarnos de que siga siendo una fuerza positiva para el desarrollo individual y social de todos los guatemaltecos.
Por eso es importante que la ministra de Cultura, Liwy Grazioso Sierra, cumpla con su mandato y que ordene una investigación para corregir las malas prácticas que se han convertido en el pan nuestro de cada día en el MICUDE, incluso ayer los empleados despedidos presentaron denuncias para que se conozcan los actos de corrupción que se cometen en el Viceministerio del Deporte y la Recreación.
