La semana pasada escribí sobre la importancia de que los políticos deben velar por cuidar con mucho recelo la reputación, ya que son figuras públicas, porque son un ejemplo para la población y deben jugar un papel muy importante en una democracia por temas de integridad, honestidad y comportamiento que les da un valor positivo o negativo ante el público.
Estuve revisando varios perfiles de personajes de la política y de funcionarios públicos, quienes se mantienen activos en las redes sociales y hay muchos, lamentablemente que son criticados por su forma de comportarse y de hacer comunicación, porque no dejan nada bueno, con el tipo de mensajes, que usan para dirigirse al público en general.
Entre los perfiles que revisé se encuentran cuentas de políticos, alcaldes, diputados y funcionarios que han visto en la comunicación una forma de hacer imagen pública, para seguir haciendo “politiquería”. Estos personajes, incluso algunos, se hacen pasar por periodistas y es el colmo de la indecencia, porque no lo son y tratan de engañar a los usuarios del internet. Menos mal que los guatemaltecos ya no caen con estas tácticas mal intencionadas, óigase “malcabrestas”.
Hay personajes de todo tipo, unos moderados, otros analíticos, pero también existen los burlones, los mal hablados y no faltan los que se exponen con una imagen que deja mucho que desear, y salen con una vestimenta no adecuada, incluso exhiben armas de fuego cuando la misma ley de Armas y Municiones lo prohíbe, pero no les importa irrespetar las normas y hasta caen en delitos.
Lamentablemente los entes gubernamentales encargados de velar por el cumplimiento de la Ley y dejan pasar estos detalles que debilitan el Estado de Derecho. El Estado no puede permitir este tipo de hechos que afectan la gobernanza de un país, porque es un mal ejemplo para los ciudadanos, quienes ven que no pasa nada, entonces el mensaje es que se puede actuar con impunidad.
Pero lo que más me llamó la atención en el proceso de revisión de redes sociales, es que la Corte de Constitucionalidad -CC- resolvió mantener vigente el incremento salarial que se recetaron los diputados el 27 de noviembre de este año y decidieron frenar la indemnización a los diputados al concluir la legislatura.
Es muy importante recalcar que los diputados, alcaldes municipales y demás funcionarios electos no son empleados en una relación laboral, sino que ejercen un cargo público como autoridades, por lo tanto, es ilegal el decreto aprobado para beneficiarse de algo que está prohibido. Según la Constitución de la República de Guatemala, estos funcionarios tienen un mandato público derivado de las elecciones populares, lo que los excluye del ámbito regulado por el Código de Trabajo.
Es importante mencionar que, en Guatemala, no es legal ni legítimo pagar prestaciones sociales o laborales típicas (aguinaldo, indemnización, etc.) a diputados, alcaldes y otros funcionarios electos, ya que no existe una relación laboral.
Por ese motivo, la magistrada Leyla Lemus, en su voto concurrente, detalló que todo aumento salarial con fondos estatales debe ser sustentado con dictámenes jurídicos y financieros del Organismo Legislativo, lo cual no sucedió y por esa razón estima que no es procedente el incremento al sueldo de los legisladores, una decisión atinada por todo el contexto que hay en el tema.
La decisión de 87 parlamentarios, de los 160 que integran el pleno, motivó una serie de críticas que siguen afectando la reputación del parlamento y ha provocado descontento entre la población lo cual no ayuda a mantener una democracia funcional y saludable, es crucial que los encargados de hacer las leyes también las cumplan y sean responsables de sus acciones.
Esta “marufia política” de un grupo de parlamentarios, quienes “inesperadamente” promovieron el aumento salarial, los ha puesto en la mira de la sociedad y los ha dejado mal vistos porque son los encargados de hacer las leyes y deben ser los primeros en cumplirlas. Sin embargo, se ha observado un creciente número de casos en los que legisladores, quienes deben ser ejemplos de legalidad y ética, están incumpliendo las leyes que ellos mismos han promulgado.
Esto plantea una serie de preocupaciones sobre la integridad de nuestras instituciones y la confianza pública en el sistema, lo cual deteriora la imagen institucional de un alto organismo, porque los legisladores deberían de actuar con integridad y responsabilidad, cumpliendo, pero sobre todo respetando las leyes que en el recinto parlamentario se han promulgado.
En fin, este caso es uno de tantos, en donde los “politiqueros” no les importa afectar la imagen institucional de una entidad, que forma parte de la estructura del Estado, mientras que ellos son “aves de paso” y en tres años muchos de ellos estarán fuera del Legislativo, pero su legado perdurará y serán juzgados por la historia en una sociedad que necesita instituciones fortalecidas.
