La forma como se han desempeñado los diputados al Congreso de la República en las pasadas tres legislaturas han provocado que este organismo del Estado, haya perdido credibilidad y reputación. Los “honorables Padres de la Patria” han desgastado la imagen institucional de un ente que debería de ser respetado por la función que tiene en un Estado de derecho.
Para muchos la IX legislatura, de Allan Rodríguez y Shirley Rivera, ha sido la peor en la historia de la era democrática, muy cerca de la VIII asamblea, que lo que menos hicieron fue hacer leyes, pero si fueron buenos para recetarse seguros, computadoras, televisores, alimentos y al final de cuentas su legado es haber saqueado las arcas del Estado. Por cierto se me olvidaba que en el Congreso se consumió el café más caro de Guatemala.
Estos señores, que no les podemos llamar diputados, solamente los mueve el interés económico y en lugar de hacer leyes formaron “clanes” para comprar a diestra y siniestra productos sobrevalorados que conllevaban las benditas “comisiones”, por cada proyecto licitado y lograron “saquear” hasta lo que no había.
Los legisladores se convirtieron en “mercantilistas” y no mueven un dedo, sino hay “billete de por medio”, nunca llegaron a trabajar, pero las Juntas Directivas les pagaron los sueldos completos y eso también es corrupción. Ni el sindicato del Congreso, mucho menos la Contraloría General de Cuentas se han pronunciado contra estos “desmanes”, incluso la diputada Rivera, encabeza en esta X Legislatura la lista de los más “faltistas”.
Pero porque hago toda esta relación, por la sencilla razón de que recientemente los diputados aprobaron un aumento salarial de Q21 mil, desatando un tsunami de críticas sociales, insultos y exabruptos de todos los sectores de la población, sin distinción alguna.
Lo que pasa en este caso es que los ciudadanos perdieron la confianza en la capacidad y honestidad del Organismo Legislativo para cumplir con sus funciones, actitud que se ha extendido a otras entidades gubernamentales que gozan del total rechazo de la población. La pérdida de reputación conlleva a ineficiencias administrativas, aumenta los costos operativos y burocráticos, por ende, desmotiva la inversión extranjera y nacional, lo cual afecta notoriamente la economía.
Todo esto conlleva problemas en la gobernabilidad, un organismo con baja credibilidad puede enfrentar resistencia en el momento de implementar políticas y programas, dificultando la gobernanza, situación que están viviendo en carne propia estos diputados, quienes heredaron las malas prácticas del pasado y ven como es cuestionada la legitimidad del organismo, lo que afecta su capacidad para ejercer su autoridad y toma de decisiones.
Todo esto ha hecho que la palabra “diputado” sea tomada como un insulto, nadie quiere ser congresista, porque la figura está muy deteriorada y quemada por culpa de “politiqueros” que solamente han luchado por sus intereses, muchas veces oscuros, que dejan mal parados los puestos públicos y en vez de sentirse orgullosos de ocupar altos cargos, se sienten desmoralizados por la forma como los tratan.
La falta de confianza en las instituciones ha contribuido en la fragmentación social y en el aumento de tensiones entre diferentes grupos de la sociedad, que ahora se encuentran divididos en una “estúpida” lucha de izquierdas y derechas, cuando todos deberían de remar para el mismo lado, para sacar a Guatemala de los trapos de cucaracha, en los que nos encontramos tanto social, económico y políticamente hablando.
Un Organismo Legislativo desacreditado socava el Estado de derecho, fomenta la impunidad y la corrupción, generando inseguridad jurídica, pero sobre todo mancha la reputación internacional de un país, que se ve afectada porque los diputados son percibidos como corruptos o ineficaces.
Los ciudadanos han perdido la fe en que el Congreso pueda legislar para el bien común y asumimos que las leyes están hechas para favorecer intereses particulares, lo que ha deteriorado la cohesión social y la confianza en las instituciones.
Restaurar la credibilidad del Organismo Legislativo requiere reformas profundas, transparencia, rendición de cuentas y una lucha efectiva contra la corrupción. Es crucial para cualquier Organismo del Estado mantener una alta credibilidad y reputación para asegurar el funcionamiento eficiente y la cohesión social, lo cual no sucede en este momento y es una tarea ardua que debe asumir el actual presidente del Congreso, Nery Ramos.
