Las penas cortas que son impuestas a los “politiqueros corruptos” no es realmente el problema, como sociedad no ganamos nada que esta gente pase períodos largos en las cárceles, sino que lo que realmente importa es que los jueces los obliguen a devolver el dinero saqueado, porque de ser así no podrán disfrutar de los saqueos que los convirtieron en los nuevos ricos de este país.
Desde un punto de vista moral, aceptar cargos para recibir una pena reducida puede parecer una forma de evadir la plena responsabilidad y la justicia. Este tipo de resoluciones envían un mensaje negativo y nos dejan mal sabor de boca, porque los delitos pueden ser «comprados» con resoluciones jurídicas, lo que socava la confianza en el sistema de justicia y la reputación de las instituciones públicas. Lo cual no es nada sano para nadie.
Desde un punto de vista legal, el procedimiento de “aceptación de cargos” puede estar normado en nuestro ordenamiento jurídico, porque acelera los procesos judiciales y reduce los costos procesales, además de garantizar una condena y algún nivel de responsabilidad. Sin embargo, es crucial que los jueces actúen con “mano dura” para evitar la percepción de impunidad.
Esto viene a colación, porque la sentencia en el caso del ex ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien fue sentenciado a cuatro años y nueve meses conmutables, se declaró culpable de fraude al autorizar la construcción del Libramiento de Chimaltenango, la “mega obra” realizada durante el gobierno de Jimmy Morales, cuyo lema fue “ni corrupto ni ladrón”. ¡¡¡Menos mal que no lo era…!!!
Esta “mega obra” le costó al Estado más de Q500 millones, por lo que debería el sentenciado, ser obligado a reparar el daño causado en términos generales, porque con sus acciones le robo la oportunidad de vida a muchos guatemaltecos, quienes no tuvieron acceso a educación, salud e infraestructura y servicios esenciales, entre otras cosas.
Pero lo interesante de esta resolución de la jueza de mayor riesgo “A”, Claudette Domínguez, es que deja “abierta la puerta” para que el ex gobernante, Jimmy Morales sea llevado al banquillo de los acusados, porque las revelaciones del ex ministro de Comunicaciones tienen que haber aportado nuevos elementos que podrían inculpar al mandatario.
¿Será que le llegó la hora al ex presidente Morales?, pues todo apunta a que sí por la “negociación” que tuvo que haber hecho Benito, quién para obtener el beneficio primero tuvo que entregar información privilegiada para poder llegar a otros implicados y esa debe ser la siguiente etapa, ya que han pasado cinco años del mandato del “no corrupto, ni ladrón”. Un personaje que vive sin pena de que la justicia lo vaya alcanzar, pero en realidad tendría que pagar todos los “elotes que se comió” y que lo tienen disfrutando de una vida a “cuerpo de rey”. Definitivamente le cambio la vida, se sacó el premio mayor de la lotería.
Es incomprensible que un politiquero corrupto, que se creía un ser supremo, durante su gestión pública, se salga con la suya. Ese procedimiento de aceptación de cargos de un acto de corrupción, le ha de haber quitado el sueño al ex presidente, aunque dejan la posibilidad para que cualquiera robe porque sabe que no le va a pasar nada, porque los jueces son complacientes y poco rigurosos.
En fin, este es un tema delicado y profundamente importante para la salud de la democracia y la confianza pública. Vamos a esperar que pasa en los próximos días, porque este es un caso para que el Ministerio Público -MP- demuestre que no apaña la impunidad y que camina en el sendero correcto, porque su función es llevar tras las rejas a los funcionarios corruptos.
Estemos atentos y esperemos que por fin funcione la justicia guatemalteca y que los jueces se mantengan firmes en sus decisiones, para que tengamos una justicia pronta y cumplida, un principio que indica que para que la justicia sea efectiva, debe ser administrada de manera rápida y completa. O sea pareja para todos.
