La Libre Emisión del Pensamiento y la Libertad de Prensa es un derecho fundamental en cualquier democracia. Los funcionarios públicos guatemaltecos, al igual que en cualquier otro país, tienen la obligación de respetar y proteger este derecho, porque es un derecho humano que permite a los ciudadanos estar informados, compartir ideas, opiniones y hacer críticas, lo cual es esencial para una sociedad democrática y transparente.
Sin embargo, esta semana hemos visto como varios funcionarios públicos utilizan leyes ordinarias para tratar de socavar la Libertad de Prensa, para tratar por medio de la judicialización imponer una Ley Mordaza, con el fin de evitar verse descubiertos por los “caza noticias”, quienes los sorprenden en actos que riñen con la ley y los “deja mal parados”, como se suele decirse en buen chapín. Pero el asunto es fácil: “si no quieren ser criticados, entonces caminen derecho”.
Lo que deberían de hacer estos “burócratas” es comportarse como lo hacen las personas honestas, pero como no lo pueden hacer, entonces sigan exponiéndose a la crítica de la opinión pública. Es importante que los empleados estatales se recuerden que, para ocupar el cargo público, hacen un juramento y más cuando son los encargados de respetar las leyes vigentes en el país. En otros casos hacerlas.
Pero si esta libertad se socava, se acaba la capacidad que tiene la sociedad de fiscalizar y exigir rendición de cuentas, lo que conlleva a un aumento de la corrupción y la injusticia. Es crucial que los funcionarios públicos no solo respeten este derecho, sino que también promuevan un entorno donde la libertad de expresión se vea fortalecida.
Pero como esto no va a suceder, porque ellos quieren mantener el poder y eso implica controlar a los que levantan la voz, porque amenazan el estatus que les ha permitido darse la vida de ricos, pero a costillas del dinero de los impuestos, entonces su mejor defensa es mal utilizar leyes que sirven, para salvarle la vida a una mujer que está en peligro, para retorcer la verdad.
Los funcionarios corruptos ven la libertad de expresión como una amenaza directa para sus actividades ilícitas, porque esta les impide hacer de las suyas, por eso es que no se puede permitir que se acalle a los periodistas, porque con ese silencio se terminan los temas sensibles o controversiales en los medios de comunicación y con ello se acaba la democracia.
Por esta razón es que los periodistas deben resistir al intento de que nos impongan una “Ley Mordaza” y debemos cerrar filas para proteger la libertad de expresión, un derecho fundamental que no se negocia, es algo que se respeta porque es importante para tener contrapesos en una Democracia y sobre todo porque permite el fortalecimiento de un Estado de Derecho.
En varios gobiernos se ha intentado limitar la libertad de Emisión del Pensamiento, pero las personas que ostentan el poder se les olvida que es un derecho constitucional y que la ley que la rige, es una de las cinco, que estipula puntualmente la Constitución Política de la República, que es nuestra máxima carta jurídica.
El artículo 35 de la Constitución Política de la República reza: “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”, algo que no tiene vuelta de hoja y que debe ser respetado por la autoridad desde cualquier punto de vista. Sin importar que sea el presidente de la República, magistrado, diputado o fiscal del Ministerio Público -MP-.
“Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna y al intentar hacerlo se violan los derechos de los comunicadores y/o medios de comunicación”, reza la Carta Magna por lo que ese intento para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa se le debe poner un alto.
Es de resaltar que en el artículo 35, de la mencionada Ley Constitucional, se menciona que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”. O sea que, aun dejando sus puestos, 20 años después, tienen la obligación de rendir cuentas.
Y por esa razón es que los gobernantes tienen que ser transparentes en su actuar público, pero la mayoría, quienes prueban las mieles del poder, se “marean” y se llegan a creer que son dueños del Estado, pero eso no es así porque ellos son cuentadantes y deben rendir cuentas y permitir ser fiscalizados.
En todo este embrollo hay una línea muy delgada, que es la Libertad de Prensa, donde los periodistas también tenemos responsabilidades y obligaciones, por lo que debemos estar claros, que, para cumplir nuestra función, tenemos que ser profesionales y éticos.
Es por esa razón que la prensa debe estar atenta a este tipo de hechos, como los sucedidos en las últimas horas, en donde una fiscal y una diputada intentan acallar nuestras voces, pero lo que dan es lástima, porque no conocen el procedimiento para determinar si un periodista ha faltado a la ética en el ejercicio de su trabajo.
Lo que sí es importante que sepan estos funcionarios, es que ellos no son superiores a la Constitución Política de la República y que, al dar un paso, como el que dieron, han cometido el delito de prevaricato, un delito que se comete cuando un funcionario público, como un juez o autoridad, dicta una resolución injusta, arbitraria o contraria a la ley. Este delito se castiga con inhabilitación especial para ejercer un cargo público, prisión o multa.
