Los jueces desempeñan un papel fundamental en una sociedad democrática, porque son los garantes del Estado de derecho para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Entre las responsabilidades de los juzgadores está interpretar la ley, resolver problemas de disputas entre individuos, organizaciones y el Estado, pero sobre todo para proteger los derechos humanos, para que nadie los vulnere.
Hay algo que es muy importante y es que los jueces son los encargados de controlar el trabajo entre el poder ejecutivo y legislativo con las resoluciones que emiten. Los togados revisan las acciones del gobierno y el congreso para asegurar que no excedan sus límites constitucionales, lo cual hace que se mantenga el equilibrio en los tres poderes del Estado.
Lo que hemos perdido como sociedad es la independencia judicial, todos los días vemos como los jueces toman decisiones parcializadas y no están del lado de la justicia sino que de la impunidad, lo cual no permite la gobernanza en un orden Republicano.
Pero veamos que es la gobernanza: “Es la que se circunscribe a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. La buena gobernanza añade una dimensión normativa o de evaluación al proceso de gobernar”. Un rol que está muy muy afectada en esta tierra bendita.
En el momento que un conglomerado no tiene una buena gobernanza, no puede aspirar a tener una certeza jurídica y se convierte en una sociedad donde impera la impunidad, los culpables quedan libres, los inocentes son condenados o perseguidos y entonces entra la desconfianza entre los ciudadanos que caen en un estado de ingobernabilidad.
Ahora bien, que es la gobernabilidad. “Esta es la que se refiere semánticamente a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político, donde se ve la capacidad de los gobiernos de atender las demandas de forma eficaz, estable y legítima”.
Guatemala se encuentra en un momento de inestabilidad política, se ha incrementado la violencia y la delincuencia, porque no tenemos jueces justos, ya que ellos mismos fomentan la impunidad y esto trae consigo que nadie quiera invertir, porque no se sabe que va a pasar y que todo puede suceder.
Todo lo que he mencionado anteriormente, trae consigo consecuencias económicas, inestabilidad financiera, porque la inseguridad jurídica disuade a los inversionistas, los aleja porque la impunidad es parte de las prácticas ilícitas y crean desigualdad. Esta situación da como resultado que nadie quiera venir a meterse en problemas innecesarios, cuando hay países como El Salvador, Costa Rica y Honduras que sí van por un mejor rumbo.
El sistema judicial ha sido objeto de críticas y desafíos, especialmente en los últimos ocho años, cuando gobernaron Jimmy Morales y Alejandro Giammattei Falla, quienes tuvieron como principal preocupación no ser transparentes y se dedicaron a “cooptar” todo lo que se les puso enfrente para ganar impunidad.
Aunque el país cuenta con una Constitución Política que determina la independencia del Organismo Judicial y su función de impartir justicia, existen muchos indicios, que eso no se da, todos los días leemos que existe influencia política y que la corrupción campea en los juzgados, tribunales y salas de apelaciones.
Por eso es importante que la sociedad civil se involucre, que se exija transparencia y rendición de cuentas. Es importante que el OJ sea fiscalizado y que todas sus acciones vayan encaminadas a la rendición de cuentas. En las últimas semanas, se ha visto como los juzgadores se creen más que “dioses” y hacen de las leyes herramientas para afectar y no para hacer justicia.
Sería bien aplaudido, por toda la ciudadanía, que el Organismo Judicial haga los cambios necesarios para que se dé un fiel cumplimiento de las leyes y que no exista ese mensaje, de que están a favor de unos y en contra de otros. La justicia no tiene ojos, tampoco tiene ideología y por eso es que tenemos que demandar cambios legales que realmente nos garanticen una justicia pronta y cumplida.
