En una democracia, el sistema de justicia es fundamental. Se espera que sea independiente y justo, y que proteja los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación. El objetivo principal es asegurar que las leyes se apliquen equitativamente y poder mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.
Al ser justo e imparcial, el sistema de justicia garantiza que nadie esté por encima de la ley y que todos pueden tener acceso al debido proceso en un juicio justo. Esto no solo fortalece la confianza pública en las instituciones, sino que también protege las libertades individuales y promueve la igualdad ante la ley.
Cuando la justicia es parcializada o tarda en cumplirse, erosiona la confianza pública en las instituciones y genera un sentimiento de impunidad. La percepción de favoritismo o desigualdad ante la ley puede causar un clima de desconfianza y un descontento social que no encuentra paz, por la desigualdad existente en el sistema judicial.
Esto puede resultar en protestas, disturbios, incluso en la formación de grupos que busquen justicia por sus propias manos, lo que aumenta la inseguridad y el descontento social. Además, la falta de una justicia efectiva debilita el Estado de Derecho y permite que la corrupción y los abusos de poder prosperen.
Es una situación insostenible que, de no corregirse, puede llevar al debilitamiento de la democracia misma. La justicia debe ser igual para todos, aplicada de manera rápida y efectiva, para mantener el orden y la confianza en el sistema judicial que mande un mensaje para los que se atreven a cometer actos de corrupción.
Pero lo que se debe hacer y es clave abogar por la transparencia en todos los procesos judiciales. Lo primero que se debe hacer es que los ciudadanos puedan observar y entender cómo se toman las decisiones judiciales. Después, se debe fortalecer y proteger la independencia del poder judicial de las «oscuras” influencias políticas o económicas. Esto implica reformas legales y constitucionales que garanticen la autonomía de jueces y fiscales.
Seguido, se debe fomentar una cultura de educación cívica, donde desde temprana edad se enseñe la importancia del Estado de Derecho y la justicia imparcial. También, es vital que la sociedad se involucre activamente a través de organizaciones civiles que supervisen y denuncien irregularidades, tal como ocurre en estos momentos en Guatemala.
Finalmente, es esencial que los mecanismos de rendición de cuentas funcionen eficazmente, y que se castigue ejemplarmente a quienes abusen de su poder, porque una sociedad que se dice vivir en democracia, no puede permitir cualquier tipo de arbitrariedades y sobre todo injusticias para unos y rigor contra otros, por el simple hecho de que no todos tienen el poder económico para pagar favores o comprar voluntades de los administradores de justicia.
Por lo anteriormente expuesto, nos debemos hacer la pregunta como sociedad: ¿Es el poder Judicial un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia? En los últimos años en Guatemala, se ha visto cómo los gobernantes han metido sus manos en los procesos de elección de magistrados y fiscales para tener aliados para cometer actos de corrupción que se le antojen, sin preocuparse que van a ser llevados tras las rejas.
Lo más alarmante es que estas “marufias” se hacen aparentando procesos democráticos, cuando en realidad están “apalabrados” por los de siempre, esos “politiqueros”, que lo que buscan es tener poder e impunidad, y que nadie los moleste al dejar los cargos que los convirtieron en los nuevos ricos del país.
Los magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones se prestan a fungir como las “tapaderas” de sus “apoderados”, quienes son los que cabildean para que lleguen sus “pupilos” y que los protejan contra viento y marea. Se ha vuelto común ver que los que velan por el cumplimiento de la ley, traten de violentar la alternabilidad, tal como sucedió con la corte de Silvia Valdez, quienes se apropiaron, por más de tres años, de un cargo que fue ilegal.
Por esa razón, es que es muy importante la designación de los 13 nuevos magistrados, quienes tienen que tomar las riendas de un Organismo Judicial que se encuentra en el “ojo del huracán” y que tienen la responsabilidad de demostrar que son personas que merecen la investidura que les confieren, porque son dignos de aplicar una justicia pronta y cumplida sin sesgos políticos.
Ahora lo que queda, en este proceso de elección, es que los diputados tengan que elegir a 156 magistrados de Salas de Apelaciones, quienes son piezas claves para la administración de justicia, porque son los que resuelven si las sentencias quedan en firme o se revierten las condenas que imponen los tribunales de sentencia, tal como hemos visto en las últimas semanas que nos han sorprendido las sentencias revertidas en casos relevantes por los hechos imputados.
