Sufrir un percance de tránsito significa, empezar un calvario por todos los lados desde donde se vea, empezando por el hecho, posteriormente los trámites y procesos jurídicos que conlleva la situación. Se tiene que lidiar con la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), que debe hacer un expertaje vehicular para determinar los daños sufridos del automotor.
Según las estadísticas, en los primeros ocho meses del año, han ocurrido en Guatemala 10 mil 963 hechos de tránsito, los cuales dejan un promedio de 46 choques diariamente, una cifra alarmante que evidencia que los guatemaltecos somos malos conductores y no respetamos la Ley de Tránsito. Esto por varias razones, pero principalmente por la corrupción que impera en la extensión de las licencias de conducir porque dan un documento a personas que no saben de buen manejo.
Si en el choque resulta algún lesionado, el Código Procesal Penal contempla que una de las personas, debe quedar ligada a proceso judicial, por lesiones culposas y se debe, junto a un abogado, presentarse ante juez competente, quien puede favorecer con una medida sustitutiva, tenga o no tenga la responsabilidad del hecho.
Algo importante de resaltar es que las fuerzas de seguridad conducen, con grilletes a la persona consignada, tal como que fuera un delincuente y vulneran la integridad de las personas que son exhibidas de esta manera ante otros ciudadanos. En esta fase es recogida la licencia y se limita al ciudadano en sus derechos.
Otra situación importante, en este tipo de casos, es que en este procedimiento empieza el aprovechamiento gubernamental, la PNC coacciona a los afectados y piden dinero para no fichar a la persona que ha sido conducida, por haberse visto involucrada en un hecho vial.
El sindicado queda procesado, porque hay que determinar, fehacientemente lo sucedido y para eso los involucrados, deben presentar pruebas de cargo y descargo ante la fiscalía correspondiente, la cual tiene la facultad de provocar una Junta Conciliatoria y que se llegue un acuerdo para reparar el daño causado.
El MP tiene tres meses para hacer la investigación, pero por lo engorroso del procedimiento, puede durar más de 90 días que contempla la ley y todo esto porque, el ente investigador carece de la cantidad necesaria de personal, para realizar su trabajo de una manera más eficiente.
En este período de tiempo, el cual es engorroso las personas se ven afectadas en su vida diaria y económicamente, porque tienen que invertir en movilización y se exponen en las calles, porque pasan a usar un deficiente servicio colectivo de transporte urbano.
Pero si el malestar continúa y no se ponen de acuerdo las partes, la fiscalía del caso remite el expediente a una judicatura, para que un juez analice si es necesario decretar una apertura a juicio y fija fecha y hora para la audiencia. Todo esto conlleva tiempo y las personas ya van gastando más de Q10 mil por concepto de abogados y de movilización.
Ahora bien, si las partes logran llegar a un acuerdo, el fiscal puede dar por finalizado el expediente, entonces procede a levantar un acta de desestimación que permite devolver los vehículos consignados y elabora una hoja de devolución, la cual debe ser llevada al predio donde se encuentran los automotores. Los dos involucrados hablan y cumplen lo solicitado, para que se proceda a la firma de los documentos.
En todo este tiempo, tanto el sindicado como el acusador se quedan sin vehículo, por lo que deben pagar, Q20 diariamente por concepto de parqueo, en un predio municipal, lo cual hace Q1 mil 800, que deben ser cancelados para la devolución de los automotores, pero sino tiene el monto no le es devuelto el vehículo y el calvario continúa.
En el predio municipal los encargados de los mismos, extorsionan a los dueños de los carros, les pasan el precio del servicio de grúa, pero es una cifra exorbitante, que es comprometida sin el consentimiento del propietario del automotor, éste al alegar le refieren con la empresa del servicio y el dueño de la grúa indica que si quiere factura es un precio y sino la requieren es otro.
En ese momento, en el predio municipal el encargado de turno, dice que puede hacer una rebaja del 50 por ciento, si compran una llanta para motocicleta y un kit de repuestos por un valor de Q800, monto que no se sabe a qué manos va ir a parar y el usuario para terminar su calvario prefiere pagar la cifra.
Entonces podemos decir, que sufrir un hecho de tránsito, nos puede significar desembolsar más de Q20 mil en tres meses, entre pago de multas, servicios de abogados, servicios médicos, reparación de vehículos y los cobros ilegales que realizan los servidores públicos en total impunidad. Todo esto sin que las autoridades municipales y del Ministerio de Gobernación hagan algo para evitar damnificar doblemente a una persona que se vio involucrada en una colisión vehicular.
Por eso se hace cada vez más importante, que el Congreso de la República, legisle para modificar la normativa de tránsito vigente, la cual es obsoleta y solo permite abusos de la autoridad, que perjudica a la ciudadanía, que se ve afectada en su economía familiar, porque tuvo que invertir en pagar cobros ilegales que demuestran que mientras unos están en la pena, otros están en la pepena”.
