Las primeras lluvias del inverno y la influencia de varias tormentas tropicales y la formación del huracán Beryl, en el océano Atlántico, han dejado en menos de 30 días, al descubierto la corrupción que ha imperado en el Ministerio de Comunicaciones y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL–, porque son los entes utilizados por los “corruptos” para gestar los “negocios” que han convertido a los funcionarios en nuevos ricos.
No hay que ser mago o adivino, pero lo que nunca vamos a conocer es en que se gastaron los Q3 mil 191 millones, que aprobó el Congreso de la República, en el decreto 21-2022, para la gestión de Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones, de ex presidente Alejandro Giammattei. Pero lo que hizo, este ministro, fue una obra de infraestructura de mala calidad y tal pareciera que fuera infraestructura de “cartón”.
Eso sí en los medios de comunicación vemos a cada rato al diputado Allan Rodríguez, rasgándose las vestiduras y despotricando contra todo mundo, cuando él fue uno de los que cabildearon diputados y levantaron la mano para que aprobaran el dinero que “supuestamente” fue invertido en la red vial nacional. Situación que permite decir: “lo que se ve a simple vista, no se discute”.
Pero cuatro años antes 2020, el CIV manejó un presupuesto de más de Q5 mil millones en carreteras, con “pésimos” resultados, porque Guatemala es uno de los países peor calificados en lo que se refiere a la calidad de su infraestructura vial. En ese año fue nombrado como el conductor de los millones el diputado del Partido Vamos, Josué Edmundo Lemus, quien renunció al cargo en el 2021.
Posteriormente el partido Viva impulsó una iniciativa de ley (6043), apoyada por la alianza oficialista en el Congreso de la República de ese entonces, para aumentar Q3 mil millones el presupuesto del CIV, con la justificación que era necesario construir, rehabilitar y dar mantenimiento a infraestructura estratégica del Estado. Pero la situación siguió igual o peor, las carreteras y puentes no resisten ni un estornudo.
Pero antes de estos dos personajes, el actor principal fue José Luis Benito Ruiz, empresario y político guatemalteco, quien ocupó el cargo, del 14 de abril de 2018 hasta el 14 de enero de 2020, durante la gestión presidencial de Jimmy Morales. Por cierto, protagonista de los casos de las maletas que contenían Q122 millones y de la construcción de la “megaobra” del Libramiento de Chimaltenango, que hoy se puede transitar y si cae una lluvia mañana no sabemos.
Pero si sumamos el dinero que maneja la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, que percibe del impuesto de Q4.70 por cada galón vendido de gasolina, el “saqueo” se vuelve más grande y codiciado. Es por esa razón que estas entidades son apetecidas por los “politiqueros”, quienes después de ser financistas, reciben el premio mayor del Estado.
Hace algunos años cambió la metodología del mantenimiento de la red vial, la cual estaba a cargo de las zonas viales de la Dirección General de Caminos, estableciendo la contratación de empresas privadas en las labores de mantenimiento rutinario, periódico y emergencias. Una nueva forma de corrupción y tráfico de influencias.
Este cambio hizo que muchos “Padres de la Patria”, formaran sus empresas y se autorrecetaran proyectos como contratistas del Estado, lo cual ha hecho que se repartan jugosas sumas de dinero y poder recuperar el dinero invertido en las campañas electorales y algo más para sus dulces.
Estas empresas de cartón lo que hacen es contratar otra empresa, para que esta realice los trabajos de reparación y mantenimiento, pero para ahorrar más, utilizan productos de mala calidad o adulterados. Esta situación, lo que ha causado es que tengamos una infraestructura de “cartón”, que en muchos casos ni seis meses dura en buen estado.
