Un postulado importante que se ha olvidado cumplir de la Ley de Comisiones de Postulación, es el valor que debe caracterizar a los integrantes de dichas comisiones y que es nada más y nada menos que la probidad que significa: “honradez, integridad y rectitud en el actuar de las personas en los ámbitos que se desenvuelven.
Pareciera que probidad es una simple palabra, pero en realidad encierra un gran mensaje, que se le ha olvidado valorar a muchos Rectores de las Universidades, Decanos de Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y a representantes del Colegio de Abogados y Notarios, quienes juntos son los encargados de hacer las nóminas que son elevadas ante el Congreso de la República. Espero que en esta ocasión el proceso no vuelva a ser otro fiasco.
La historia revela que fue en 1994 que se reformó la Constitución, momento que fue diseñada la integración de la Comisión de Postulación que se ha vuelto un fracaso hasta la fecha, pues únicamente ha servido para politizar las diferentes universidades y al colegio de abogados, mediante negociaciones oscuras que permiten cuotas de poder en las Cortes entre estos actores y otros, como el Ministerio Público y donde no pueden faltar los “honorables Padres de la Patria”.
Estas negociaciones han mostrado ser dirigidas por operadores corruptos, quienes se arrogan ser operantes políticos para cooptar el sistema de justicia. Pero lo más grave es que las Comisiones se conforman para elegir el engranaje del sistema de justicia: director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Contralor General de Cuentas (CGC), fiscal general del Ministerio Público (MP), magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Procurador de los Derechos Humanos (PDH), con lo cual logran el cometido trasado.
Esta cooptación pone a Guatemala como uno de los peores países en justicia penal en el mundo y uno de los peores en justicia civil, lo cual afecta la certeza jurídica, que es un pilar fundamental para que se dé la inversión extranjera en el mercado nacional guatemalteco.
En 2018 fue revelado por la FECI-CICIG el caso denominado “Comisiones Paralelas 2014”, por el que capturaron a Sergio Roberto López Villatoro, un operador político popularmente conocido como “El Rey del Tenis”. Este caso fue emblemático, porque puso al descubierto las falencias, del proceso de las Comisiones de Postulación para hacer una escogencia transparente.
López Villatoro fue señalado de manipular al magistrado Giovanni Orellana Donis, con el objetivo de influir en esa elección. La historia se volvió a repetir en 2018 con el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020”, investigado por la FECI. En esta ocasión el operador fue Gustavo Alejos Cámbara, quien pasó de ser un prominente empresario farmacéutico a ser el secretario privado del presidente Álvaro Colom durante su gobierno.
En este punto es donde se encuentra el “meollo del asunto” de las elecciones y es que los “politiqueros” han provocado la manipulación de las mismas para elegir a los operadores de justicia y que eso les “abra la puerta” de la impunidad para sus patrocinadores. Tal como ocurre con los pasados dos gobernantes que son señalados de actos de corrupción, pero que al final del camino no pasa nada.
Alejos Cámbara estudió meticulosamente cómo manipular la designación de quienes conformarían las Cortes, para procurar que los nombramientos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones se inclinaran a su favor y a sus aliados políticos, lo cual tiene un costo y por cierto muy oneroso.
En esta oportunidad estamos a las puertas de que se finalice el proceso de integración de las dos Comisiones con la elección de los representantes del Colegio de Abogados, que conformará la “triada” que manda la norma vigente. El proceso es presidido por un rector, quien debe marcar la diferencia de otros años.
En total 37 personas integran cada Postuladora, quienes serán los que decidan las nóminas que pasarán a los diputados para que juramenten a la nueva Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones que regirán la justicia durante los próximos cinco años.
Por eso es que se hace necesario sanar este proceso y evitar que operadores corruptos se apoderen de las plazas dentro de las Comisiones de Postulación y esto permita empezar a cambiar el sistema de justicia, que debe quedar sin los tentáculos de actores “politiqueros”, quienes solamente ven por el bien de sus narices, sin ponerse a pensar en el daño que le provoca a Guatemala. Mientras no haya justicia, no hay paz social.
