Esta semana hemos visto cómo, en los medios de comunicación y redes sociales, han salido a luz pública varios casos de “corrupción”, donde involucran familiares cercanos de funcionarios públicos, quienes supuestamente se han enriquecido a costillas de “negocios” turbios y que les ha permitido agenciarse de jugosas sumas de dinero.
Pero este dinero no es producto de su esfuerzo personal, mucho menos laboral, sino que podría provenir de la función pública que desempeñan sus familiares, quienes de la noche a la mañana han puesto de moda la compra de apartamentos en sectores residenciales de lujo y de exclusividad.
Estos casos se vienen a sumar a la larga lista de “politiqueros”, quienes llegan a puestos gubernamentales y que en menos de cuatro años se convierten en los nuevos ricos de esta nación, la cual está catalogada como el sexto país más corrupto de América latina y que nos hace ver mal ante los ojos de los países del mundo.
Lamentablemente los partidos políticos impulsan “politiqueros” que se han convertido en empresarios, porque invierten, en tiempo de campaña política, para “cosechar” al llegar a ocupar los cargos que les ofrecen con tal de que sean los financistas y que al estar en el puesto les permiten servirse a manos llenas. Obvio tienen que recuperar el “pisto” invertido.
Hemos visto y escuchado grabaciones donde los “politiqueros” hablan de cómo van a convencer a los financistas, para que les den millonadas que les permita, subvencionar las campañas políticas, que realizan para llegar al “guacamolón”, como se le conoce a la sede del presidente de la República.
Este anómalo proceder es de conocimiento de la opinión pública guatemalteca y no tengo que escribir mucho porque es Vox Populi (lo que es conocido y repetido por todos). La corrupción está a simple vista y todos los días vemos casos de casos, pero lo que si brilla por su ausencia es la justicia.
En Guatemala en los últimos tres gobiernos, de la mal llamada era “democrática”, nos hemos visto en trapos de cucaracha, la justicia se volvió selectiva y los entes encargados de hacer valer las leyes fueron politizados, con operarios faltos de credibilidad y reputación.
La función de los organismos del Estado se tergiversó, hasta convertir las leyes en herramientas para sacar de la jugada a los contrincantes políticos, tal como sucede en Nicaragua, donde no es de extrañar por el tipo de gobierno que tiene el pueblo “pinolero”.
Hemos visto cómo se sacan de la manga, delitos que no son creíbles y lo que sí merece ser perseguido pasa desapercibido. No puede ser que un país que está catalogado como de los más corruptos en el continente, los casos de corrupción brillen por su ausencia.
Los “politiqueros” saben que en Guatemala no pasa nada y es por esa razón que cometen los abusos que conocemos, que se les dejan hacer. Vemos casos en los cuales los funcionarios públicos viven en lujosas mansiones o bien que se compran modernos apartamentos, en edificios de lujo.
Estos personajes de la “política chapina” por esfuerzo propio no pudieron hacer el dinero que manejan y lo lograron de una manera descarada como por “arte de magia”. Incluso a muchos de ellos los “gringos” les han quitado las visas y ahora se llenan la boca diciendo que no les gusta ir a suelo estadounidense.
Los “nuevos ricos”, esos “piratas modernos” se han conculcado para saquear las arcas del Estado, se han dedicado a llenarse los bolsillos a “manos llenas”, sin que los encargados de impartir justicia muevan un solo dedo para evitar que los impuestos sean desviados para cuentas personales y de sus familias.
Esperemos que el nuevo gobierno, que ha empezado con el pie izquierdo, con el caso de la inscripción del Movimiento Semilla, nos den muestras de que van hacer diferentes las cosas, que van a combatir la corrupción y que van a actuar contra las mafias que tienen cooptado el Estado.
Por ese motivo es necesario que deben transparentar lo que sucedió en el 2018, cuando fue presentada la papelería de inscripción y que los responsables de ese hecho paguen por sus actos anómalos. Los guatemaltecos no debemos permitir que los “politiqueros” sigan metiendo sus “sucias manos” donde no deben y enseñarles que deben respetar el Estado de derecho.
