Aunque los ex constituyentes de 1993 aseguran que hicieron la norma para que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), no fuera “manoseada” por el Organismo Judicial (OJ), hemos visto como en las, dos últimas elecciones Generales, se ha vuelto normal que los “politiqueros”, planteen recursos legales para lograr “vendettas” y hacer que no participen los contrincantes políticos.
Esto no puede suceder en una democracia, los partidos políticos deben respetar la decisión del voto y los administradores de justicia no pueden meter sus manos para poner y quitar candidatos que convengan a determinados sectores, quienes tienen sus intereses propios.
Pero para lograr todo esto se debe fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la integración de juristas honestos y que no tengan colas políticas que les “machuquen”, deben ser personas honorables y que con sus actuaciones den credibilidad al electorado para acudir a las urnas.
En las dos últimas magistraturas nos han quedado a deber, los procesos electorales han tenido manchas por la forma como se desarrollaron, las candidaturas fueron judicializadas, cuando la decisión de inscribir a los participantes corresponde directamente al TSE, pero con personas honorables y no como ha sucedido con la séptima magistratura.
En estos ocho años últimos, se ha enquistado en el Registro de Ciudadanos una familia, que ha logrado que sus parientes tomen las riendas, de una unidad muy importante para el proceso electoral y se han dedicado a “mercantilizar” la formación e inscripción de partidos políticos.
Esta gente tiene “tentáculos” familiares con políticos que han estado por años en la palestra electoral y que con su ambición de poder han corrompido una entidad estatal que tiene que tener gente honesta, para preservar la transparencia de las Elecciones Generales para presidencia de la República, diputaciones y alcaldías municipales.
Pero lo que ha fallado en nuestra democracia, es el sistema de Partidos Políticos, esos vehículos electorales que funcionan como “cacicazgos” y que ven la política como un negocio y no como una parte importante de la democracia, donde se involucra la paz social.
La función de estos “caciques” debe ser administrar los impuestos y no “despilfarrarlos”, porque los mismos deben ser invertidos en la búsqueda de desarrollo para los habitantes de este país. Lo cual no vislumbra por ninguna parte y solamente permite que cada cuatro años lleguen “piratas modernos” a saquear las arcas del Estado.
Es bien importante que definamos que es un Partido Político: “es la asociación de personas que comparten una misma ideología y que buscan participar o conquistar el poder”. Aunque en Guatemala se han convertido en empresas, manejadas por un “caudillo” que dice que hacer y que no tiene identidad propia, sino que intereses “mezquinos”.
Los guatemaltecos nos debemos de interesar para que nunca más vuelva a suceder lo que hemos vivido en estas elecciones 2023-2028, cuyo cierre ha sido anunciado el pasado 31 de octubre, el cual finaliza inmerso en una crisis política que nos mantiene sumergidos, en una serie de problemas que afectan la paz nacional.
Todos los ciudadanos tenemos la obligación de velar porque se respete la democracia y que no se rompa la institucionalidad del Estado, porque eso repercute en nuestras familias y en la economía de un país, que se preocupa por salir adelante, con trabajo digno.
Las ansias de poder de unos pocos nos tienen de rodillas y le quitan la posibilidad de una mejor calidad de vida a nuestros hijos y nietos, quienes su principal meta es buscar el mal llamado “sueño americano”, porque en su patria no tienen la menor oportunidad de desarrollarse para tener un futuro digno.
No nos debe sorprender la crisis socio-política que se vive, existe un descontento entre la mayoría de la población, estamos enfrentado en la ideología de derechas e izquierdas y eso no es bueno para los guatemaltecos, aquí lo que se debe pensar es en mejorar la infraestructura, la educación, la salud y la seguridad de un país con bajos índices de desarrollo.
Estamos a 60 días de terminar un mandato presidencial, cuyas luces y sombras serán recordadas por la historia y creo que lo único que se ha cumplido en estos cuatro años son las palabras célebres del discurso político de Alejandro Giammattei Falla, de cómo no quería ser recordado para la posteridad.
