En Guatemala se vive una crisis política, como nunca antes, que afecta en todos los sentidos a todos los guatemaltecos, los empresarios empezaron a resentir el pulso político que se vive entre la izquierda y la derecha, una división que solamente crea odio y divisionismo social.
La “polarización”, que no nos ayuda en nada, afecta la economía de los países supuestamente democráticos, debido a que nadie quiere invertir en una nación que no tiene certeza jurídica y en donde no se respeta la decisión popular de elegir y ser electo.
Este fenómeno ha cambiado la forma de hacer política en Guatemala, todo pasa por las cortes, las cuales su mayoría están cooptadas, una estrategia diseñada por mentes oscuras. Los jueces ya no son independientes, sus cargos y decisiones jurídicas dependen de un tercero, aunque su definición habla de un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde
Todo este “embrollo” se da a raíz del resultado de las elecciones Generales 2023-2028, en las cuales resultó favorecido, con el voto, el binomio presidencial por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera, quien en teoría deben tomar posesión el próximo 14 de enero del próximo año.
Así, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se han “enquistado” como amebas, en un cargo que debieron entregar hace más de un año, lo cual viola varias leyes en el país. Todo esto en contubernio con el Congreso de la República, cuyos diputados siguen empecinados en mantenerlos en las judicaturas.
Esta semana en el último punto de la agenda legislativa, estaba contemplada la elección de los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la CSJ, pero mal intencionada, por enésima vez, los diputados que apoyan el oficialismo volvieron a salirse del hemiciclo y por falta de quórum (número mínimo de legisladores cuya presencia es necesaria para sesionar válidamente en los órganos legislativos), no se conoció el punto en mención.
Pero lo más delicado de este “pulso de poder”, es que hemos pasado de una guerra armada a una guerra jurídica o guerra judicial (Lawfare, en inglés), que ha provocado que tengamos, los “ojos puestos encima”, por parte de varios países, que se han manifestado en contra de que no se respete la decisión popular y hasta han amenazado con implementar sanciones contra el país. Ya incluso Estados Unidos suspendió la cooperación que le daba al Ministerio Público (MP).
La polarización es un fenómeno que ha surgido a nivel mundial. Se manifiesta precisamente por la superación del disenso en lugar de encontrar el consenso social. Es primordial en una democracia en que las mayorías respeten a las minorías y en donde se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa y de opinión, en todas sus dimensiones para que exista paz.
Este fenómeno social contribuye nada más y nada menos que a la falta de reflexión sobre temas que son importantes para la sociedad, especialmente los temas políticos. No podemos involucrarnos en política de partidos electorales, como si fuéramos a un recinto a vitorear a un artista, no puede ser así.
Cuando nos involucramos y hablamos de política, elegimos políticos y por ende se trata de políticas públicas, que son las que se encuentran vigentes y rigen el destino del país. No es un juego de azar.
Toda esta situación ha provocado el debilitamiento de nuestra “incipiente democracia”, lo cual atenta contra todos y quién más pierde, con toda esta situación, son las nuevas generaciones, quienes ven un futuro incierto y oscuro para su futuro. Esos jóvenes que están cansados de escuchar sobre tanta corrupción que nos mantiene sumergidos en un caos institucional.
Pero si a todo esto sumamos que existen señalamientos de que el Movimiento Semilla cometió delitos penales, con la inscripción del partido político con nombres falsos y personas muertas, nos ponen en una encrucijada que debe ser dilucida en donde corresponde y por quién corresponde. La pregunta es: ¿Será que un Juez de primera instancia penal puede suspender o cancelar la personería jurídica de un partido político?.
Para aclarar esta situación, el TSE planteó un recurso de cuestión de competencia ante la Corte de Constitucionalidad, que tiene tres días más para emitir una resolución y dilucidar este caso que mantiene en ascuas, a toda Guatemala, porque la misma puede resolver la crisis política que se vive.
La respuesta la encontramos en el acta de la Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, con fecha 3 de diciembre de 1985, cuando los ex constituyentes decidieron despenalizar los tramites de inscripción de Partidos Políticos, la cual dice que los padres de la Constitución decidieron extraer de la nueva Ley Electoral, el hecho de lo que significaba que el MP tuviera que calificar a un ente partidista, situación que vivimos en este momento.
No podemos seguir con esta incertidumbre y menos con señalamientos de que el Congreso de la República se prepara para hacer una “jugarreta política”, que conlleva, sentar en la silla presidencial, a un aliado del oficialismo, con el fin de que siga la corrupción, situación que nos afecta en temas de desarrollo social, tales como educación, infraestructura y salud, entre otros.
