Marco Tulio Trejo

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Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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Marco Trejo

La mayoría de las carreteras por donde circulamos, especialmente las que han sido reparadas, parecen un sube y baja, viajamos en una cinta asfáltica que tiene un vaivén que no llena los requisitos para circular y los trabajos dejan mucho que desear. Todo un desastre provocado por la corrupción.

En esta semana entre el 24 de diciembre y la presente fecha, he circulado por varios puntos cardinales y he comprobado lo que digo, la carretera a Occidente con el problema que describo, la de la ruta a Oriente de igual manera, la del Pacífico no se queda atrás y la del Atlántico es la que en mejor estado se encuentra.

Las empresas que contrata la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- tapan un hoyo y dejan destapados tres, incluso en algunos lugares dejan gradas que afectan el tren delantero de los vehículos que circulan y las reparaciones (bacheo), dura tres meses, en seis meses quieren cobrar el doble. Esta es una “sobrevaloración solapada”.

Se habla mucho de corrupción en la adjudicación de los trabajos y si a esto le sumamos que las obras no tienen la supervisión deseada para la entrega de los mismos, tenemos un negocio redondo donde se ven involucrados empresarios y funcionarios públicos, quienes se han embolsado una comisión del 30 por ciento de los Q2 mil 283 millones de los impuestos en los últimos tres meses del año.

Lo que sí impresiona es la capacidad del Ministerio de Comunicaciones Vivienda e Infraestructura (CIV), que en cinco días asignó el 70 por ciento de los proyectos de infraestructura estratégica, según el portal de Guatecompras, pero con el dato interesante que los 92 trabajos son con un mismo oferente, cosa que demuestra que no les importa lo que digan, les importa recibir la comisión pactada.

Estos trabajos de mantenimiento, supervisión y señalización son las tres terceras partes de los Q3.1 mil millones ampliados inicialmente al presupuesto de la cartera en marzo pasado por los diputados al Congreso. No sería raro que el gato encerrado fuera alguien cercano a los honorables “Padres de la Patria”.

Para lograr esto el CIV se basó en el decreto 21-2022, que autorizó la ampliación, que contempla la intervención de 715 kilómetros en las rutas centroamericanas, nacionales y departamentales, asistencia técnica y control de calidad, la compra de puentes tipo Bailey, la edificación de cuatro edificios educativos y la construcción del puente Belice 2 y sus aproximaciones, así como mejorar y rehabilitar cuatro tramos carreteros.

El meollo del asunto en estas adjudicaciones es que los eventos de licitación realizados no coinciden con la redacción del decreto, lo cual da serias dudas de lo actuado, cuando debería ser un acto público, transparente y bien hecho, porque implican fondos públicos que deben servir para desarrollo y no para llenar las chequeras de algunos pocos que se prestan a este tipo de “negocios oscuros”.

Ahora bien, le toca al nuevo Contralor General de la Nación, Frank Helmuth Bode Fuentes y su equipo de trabajo, “contarle las costillas” a estas empresas para saber si fueron bien adjudicados los 92 contratos y si los empresarios cumplieron con lo que dicen los mismos.

Todo esto basado en la misión que tiene asignada de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento constante en las distintas entidades públicas. O sea, es tiempo de actuar y una obligación constitucional.

Entonces el recién nombrado contralor, Bode Fuentes, tiene la oportunidad de demostrar de que está hecho, porque hasta la fecha, mes y medio de su juramentación, no ha dado una sola seña de cumplir con la función que le corresponde en la administración pública.

Por lo tanto, se hace necesario que la Contraloría de Cuentas le exija al CIV y las empresas contratadas, que actualicen el estado de las obras que fueron asignadas, con el fin de ver el proceso que han llevado antes de la entrega de un producto tiene que valer lo desembolsado. De no acatarse este requerimiento, es imperante iniciar una investigación para deducir las responsabilidades que amerita cada caso.

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