Marco Trejo
La Iniciativa de Ley 6076 y el Decreto 39-2022 han dejado al descubierto la baja calidad legislativa, de los Diputados al Congreso de la República, quienes elaboran leyes que no cuentan con la calidad de las mismas y solamente pueden ser calificadas como “güizachadas” porque buscan coartar la Libertad de Expresión Pensamiento.
Antes de proseguir con mi artículo voy a definir, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), lo que es un “güizache: “Persona que ejerce funciones de abogacía y notariado, sin contar con la titulación correspondiente” y efectivamente eso se cumple en nuestro recinto parlamentario, por lo que las iniciativas de Ley dejan mucho que desear.
Es de conocimiento público que los mal llamados “Padres de la Patria”, son personas que están en ese cargo público, por su aporte político, pero la mayoría no cuenta con las capacidades y calidades para ocupar la curul, muchos ni tienen la preparación para optar al puesto y esto lo podemos corroborar con ingresar al portal: www.congreso.gob.gt donde los perfiles de los congresistas, en su mayoría, no tienen una carrera profesional, pero sí “polítiquera”.
Si bien es cierto existen los asesores para dar apoyo profesional, en el caso del Congreso de la República en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Legislativo dice: “que cada partido político representado en el Congreso de la República tendrá derecho a dos asesores, y uno adicional por cada cuatro diputados, a propuesta del respectivo jefe de bloque. Pero como todo se maneja políticamente, se habla de que hay contratados más de 100 plazas 0-29, cuando se debería tener la mitad, pero con profesionales que tengan las capacidades para este tipo de trabajo”.
Por lo visto en la iniciativa de Ley que pretende modificar el uso de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército Nacional y la “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, se ve que la calidad legislativa esta por los suelos y solamente se pretende promover una “Ley Mordaza Digital”, llena de ambigüedades e inconstitucionalidades las cuales fueron aprobadas, el pasado jueves 4 de agosto, por más de un centenar de diputados que actuaron con total secretismo y amparados en la nocturnidad como viles delincuentes.
La “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, busca crear normas penales para prevenir delitos en la red y categoriza con penas de cárcel a quien cometa una falta en el ámbito digital. No me cabe la duda de que Guatemala necesita una normativa para prevenir y combatir ilícitos relacionados con suplantación de identidad en línea, estafas por medio de redes sociales, robo de información digital, violencia psicológica y sexual, pornografía infantil, entre otros. Pero no necesita una Ley disfrazada para violentar el artículo 35 de la Constitución Política de la República, como sucede en este caso.
Los congresistas adaptaron los puntos principales contenidos en el Convenio de Budapest, que regula la divulgación ilegal de datos informáticos o comunicaciones, la integridad de los datos almacenados en sistema informáticos y ataques a los mismos. Lo cual está bueno, pero no como se pretende hacer con esta “güizachada” jurídica.
El artículo 19 es el que puede ser utilizado para vulnerar la libertad de expresión, pero contraviene el artículo 35 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de la declaración de principios de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que establece que todo periodista tiene el derecho de la reserva de sus fuentes, apuntes y archivos.
Esta “güizachada” mutila el derecho al acceso a la Información pública, que tiene la prensa y que está garantízada en la carta magna, para poder cuestionar la gestión pública, en el goce de sus funciones y su limitación es grave para el estado de derecho de una sociedad que vive en “democracia”.
Los “politiqueros” lo que buscan es blindarse y evitar las críticas, quieren que se les dejen las “puertas abiertas”, para hacer lo que les viene en gana con el erario público, no han entendido que los impuestos no son generados por ellos y que solamente son “cuentadantes” de ese dinero. Lo que quieren es criminalizar la labor de periodistas investigativos que hacen opinión pública y fiscalizan transparencia del trabajo estatal.
Lo que toca ahora es esperar que se accione en la Corte de Constitucionalidad, con el fin de que una resolución, del máximo ente jurídico, suspenda dicha aberración político-jurídica porque compromete los derechos de todos los ciudadanos, en especial de la prensa.
Estoy claro en la necesidad que tiene el país de normar los delitos cibernéticos y que se impongan sanciones para los que mal utilizan la web y las redes sociales, pero que se haga de una manera donde se respete la Constitución Política de la República y que no se intente, darnos atol con el dedo, con una ley disfrazada y que lo único que pretende es proteger la corrupción galopante en el país.
