Marco Trejo
Los integrantes de la Comisión de Postulación a Fiscal General se centran en analizar las hojas de vida de los postulantes, lo contrasta con requisitos que señala la Constitución, la Ley de Comisión de Postulación y la Ley orgánica del MP, se evalúan y en conjunto redacta una lista de las personas “idóneas” para que ocupen el cargo, la lista lleva el nombre de seis profesionales del Derecho que le sirve al Presidente de la República para elegir al nuevo funcionario.
La Comisión se integra con los 11 decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el Presidente del Tribunal de Honor de esa entidad y la misma es presidida por el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Todo esto se lee bonito, pero no nos garantiza que va ser una designación transparente y menos cuando vemos los nombres de los responsables, de decidir a su criterio, la lista de las seis personas que tienen la oportunidad de dirigir un ente, que es el encargado de velar por la investigación criminal en el país, la institución más importante para la impartición de justicia, en un país que se encuentra catalogado entre los más corruptos de América Latina.
Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Será que se ha escogido al funcionario idóneo para cumplir con la función del Ministerio Público? Pero todo estriba en que si los integrantes de la Comisión Postuladora a Fiscal General, hacen una función política o académica y eso permite que se piense en compra de voluntades, lo cual no garantiza el bien común, sino que impere la impunidad que se vive en Guatemala.
La evaluación que se hace deja mucho que desear, no se toma en cuenta la probidad de los postulantes, un punto que debería de ser muy importante, para que la dirección de nuestro ente investigador, esté en manos de una persona idónea, que vele por el cumplimiento de las leyes vigentes en el país.
No como sucede en este momento, donde privan los intereses oscuros, que garantizan un manto de impunidad, para que un grupo de politiqueros mantengan su estatus quo y que los ha convertido, en los “nuevos ricos”, que se aprovechan de los impuestos que recauda el Estado y que deberían de ser invertidos en desarrollo social.
Los analistas jurídicos coinciden en asegurar que “las tachas” hacia los candidatos es un tema bien complejo, porque no siempre hay pruebas o evidencias y tampoco el tiempo para investigarlas más a fondo, por lo que el proceso se circunscribe a “chismes o rumores”, los cuales llevan mucha verdad, pero que no puede ser corroborada en tan corto tiempo y nos viene afectar a todos como sociedad.
Por ese motivo y por la falta de transparencia, de rendición de cuentas y la actuación de los letrados (léase rectores universitarios), es que se ha perdido la credibilidad de un proceso, que debe ser muy importante para todos los guatemaltecos, que se dedican a trabajar y sacar adelante a sus familias, con un trabajo arduo y honesto.
La mayoría de “chapines” estamos en contra de este tipo de procesos, que se deberían de cambiar, para tener mejores servidores públicos y no “títeres” de intereses oscuros que nos quieren mantener bajo el manto de la impunidad. Pero lo más lamentable es que la educación superior ha perdido mucho y eso no es bueno para un país con problemas educativos.
El sexto nombre de la lista aún no ha sido decidido, pero tampoco figura un nombre de una persona, que tenga la reputación necesaria para que todos digamos misión cumplida, ahora sí podemos dormir tranquilos, porque ha sido incluido el nombre de una persona, que sí va velar por el fiel cumplimiento de la justicia y no como sucede en este momento que nadie cree en la gestión del Ministerio Público (MP).
