Marco Trejo
En las últimas semanas hemos visto como los funcionarios públicos de una manera descarada han utilizado fondos del Estado para llenarse los bolsillos y eso no debe ser permitido por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que es el ente estatal que le corresponde fiscalizar como son utilizados los impuestos asignados al Presupuesto General de la Nación, aunque parece que al honorable señor contralor no le interesa ver este tipo de temas y se hace el desentendido porque pareciera que es la orden que recibió cuando fue nombrado.
Es importante que tengamos bien clara esta frase: ¿Qué es un funcionario público?, pues es una persona nada más y nada menos nombrada mediante acto administrativo, para ocupar un cargo que vele por el buen funcionamiento de la entidad del Estado en el que presta sus servicios. Eso no quiere decir que sea dueño del dinero de los impuestos, que pagamos todos con el esfuerzo de nuestro trabajo, son cuentadantes que tienen que dar cuenta de su gestión.
El funcionario público supuestamente debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta, lo cual no vemos en los funcionarios públicos guatemaltecos, quienes muchas veces son nombrados por compadrazgo y favores polítiqueros, ni los requisitos llenan tal se conoció en el Instituto de Sismología, Vulcanología y Meteorología (Insivumeh).
Existe una ley amparada en el Decreto 89-2002 que promulga la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual crea normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones púbicas estatales, lo cual tampoco se cumple y por el contrario es una letra muerta que nadie quiere leer.
En otra parte de la mencionada ley dice que este precepto evita el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado; otro aspecto que tampoco se cumple y todos vemos como normal que estos señores se conviertan en los nuevos “piratas” de la mal llamada democracia guatemalteca, la cual empezó su peregrinaje en tiempos de don Vinicio Cerezo.
Recientemente se ha conocido que los señores magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ), vieron unos “dineritos” por allí mal parados y decidieron recetarse un bono de Q3 mil, por concepto de Covid-19, para evitar que se vayan al fondo común, el cual tendrá un desembolso de Q30 millones, cuando durante más de un año y medio los juzgados estuvieron cerrados al público para evitar los contagios y ni por asomo justifica el cheque recetado para todos los trabajadores del Organismo Judicial (OJ), sobre todo si vemos que su ardua labor nos tiene sumergidos en una mora judicial de millones de expedientes y que para sacar un vehículo accidentado, de los depósitos estatales, pasan hasta dos años para solventar la situación.
Pero estos “recetarios” no quedan solamente en el OJ, en el Ministerio de Educación, la ministra Claudia Ruíz Casasola de Estrada, a puerta cerrada, se comprometió con el dirigente magisterial Joviel Acevedo a firmar un pacto colectivo que significará le erogación de millones de quetzales del presupuesto y que debería servir para buscar desarrollo y no para pagar salarios de la burocracia.
Y no es que esté en contra de que los maestros, los policías y los bomberos tengan un salario justo y digno, sino que los pactos colectivos van totalmente en contra de los intereses del Estado, así como los jugosos sueldos que ahora reciben muchos alcaldes que devengan mensualmente más de Q100 mil y que si lo vemos, a largo plazo, se embolsan más de Q4 millones y medio por su “memorable” labor al frente de las comunas, donde se pide un 30 por ciento por obra adjudicada.
Por eso es que vimos el jueves pasado una serie de personajes que se regocijaban y frotaban las manos, en la plenaria del Congreso de la República, donde fue aprobado el Decreto 16-2021, que asigna más de Q113 mil 992 millones, para el próximo ejercicio fiscal que ha sido calificado como un golpe bajo para la dignidad del pueblo de Guatemala. La pregunta en este caso es: ¿Cuánto de este dinero irá a parar a manos de nuestros funcionarios públicos?
