Marco Trejo
Se merecerán los políticos indemnizaciones de por vida, cuando nuestro sistema se encuentra colapsado y solamente podemos sentirnos “orgullosos” de ser un país desnutrido, con altos índices de analfabetismo, problemas de carencia en salud, carreteras en mal estado e índices de desarrollo que dan vergüenza por cualquier lado que se les vea.
Pero los que sí se merecen esas indemnizaciones económicas, que les puede permitir vivir dignamente, son personas que trascienden en medio de los señalamientos de corrupción que vivimos. Estas personas pueden ser encontradas muy fácilmente entre los bomberos, atletas destacados, artistas y personas que hayan puesto, en alto el nombre de nuestra querida patria, pero no una partida de politiqueros que durante su paso por la cosa pública, únicamente llegaron a enriquecerse con los impuestos del Estado.
En nuestra sociedad destacan el marchista Erick Barrondo, el badmintonista Kevin Cordón, el levantador de pesas Rolando de León, la bibliotecaria Brenda Lemus Gordillo, de Alta Verapaz, la actriz María Mercedes Coroy, la bombera Miriam Elizabeth Conde, el atleta Willie Franco, el maestro Joaquín Orellana, entre otros que merecen la asistencia del Estado por el legado que han dejado para las futuras generaciones.
Este tipo de personas deberían de ser las que tendrían que tener un apoyo económico para vivir dignamente y no morir abandonados u olvidados por una sociedad que se benefició de ese esfuerzo, trabajo y dedicación de guatemaltecos que han dado lo mejor de su vida para servir a Guatemala.
Ahorita me viene a la mente un 26 marzo de 1995, cuando fuimos alertados de un incendio que se originó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en ese momento fue movilizada una unidad de la estación que funciona en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, por lo que los efectivos llegaron casi inmediatamente.
En esa unidad iba la galonista Miriam Elizabeth Conde, quien junto a su compañero Juan Francisco Ramírez, quien falleció del impacto de la onda expansiva, recibieron la fuerza de la explosión del polvorín que allí era almacenado, lo cual era totalmente prohibido por las cercanías a las instalaciones del aeropuerto.
La oficial bomberil del Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB), pasó dos años postrada en una cama del Hospital Militar, sufrió muchas fracturas de ese impacto del 26 de marzo, pero lo lamentable es que ninguna autoridad se hizo responsable de la rehabilitación y ella ha tenido que salir sola de esa pesadilla que le toco sobrevivir. Ahora que ya está estable, aunque sigue sufriendo secuelas de la explosión, ahora vive con problemas económicos, porque su salario no le alcanza para cubrir los gastos de medicinas y tratamientos que necesita para sobrellevar la vida.
Y como si todo su caso hubiera sido fácil, las actuales autoridades del nosocomio militar le quieren cobrar Q800 para entregarle su expediente médico, el cual tiene que utilizar para pedir una jubilación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Por eso sería importante que este tipo de iniciativas queden normadas en Ley, que sea impulsado por el Congreso de la República, para apoyar personas valiosas que necesitan de un Estado que les permita vivir en paz, en el ocaso de la vida y que este beneficio, no solo sea para exfuncionarios, quienes no le han dejado mayor beneficio para la población, pero quedan con una jubilación de por vida, incluso hasta seguridad de los entes de seguridad estatal para ellos y sus familias.
